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Profamilia hizo un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir sobre el aborto, como un derecho fundamental, en el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.
"La despenalización total del aborto es el camino”, dice la organización, cuando se está a la expectativa de conocer los resultados de la ponencia que propondría despenalizar abiertamente el aborto en las primeras semanas del embarazo.
La decisión está en manos del magistrado Alejandro Linares, quien presentará el documento a la Sala Plena de la Corte Constitucional, que estaría tomando una decisión antes del 14 de febrero.
“Cada oportunidad de discusión debe ser analizada con hechos, con riguroso soporte científico y con una visión integral que permita avanzar en la construcción de una sociedad con verdadera equidad de género, justicia y libre de discriminación”, señala Profamilia.
A su vez destaca que “cualquier progreso que se dé en este sentido es un paso más hacia la garantía de los derechos de las mujeres, un avance en materia de salud pública y en la reducción del estigma que ha marcado la vida de miles de mujeres que han tomado el control sobre su cuerpo y sus vidas”.
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Profamilia recalca que la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras.
“La mayoría de estos ocurren en países en vía de desarrollo, donde el ejercicio del derecho está penalizado o presenta restricciones que dificultan el acceso; en Colombia, el panorama no es distinto”, manifiesta.
El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52 % y que 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos.
“Hoy, a casi catorce años de la promulgación de la Sentencia C-355 del 2006, la cual ha sido referente jurisprudencial en el mundo, los retos continúan y no son pocos: el estigma, los señalamientos, el rechazo, la crueldad y la desinformación, entre otros, siguen enfrentando a las mujeres y personas gestantes a múltiples barreras que les impide acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad, llevándolos a escenarios peligrosos donde los riesgos para sus vidas son múltiples y latentes”, dice Profamilia.
La institución afirmó que en las demandas que cursan en la Corte Constitucional no existe evidencia científica, sistemática y rigurosa que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres.
“Múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas”, subrayó.
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Agregó que el acceso libre a procedimientos seguros y oportunos, dentro del sistema de salud, garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho al aborto.
“De igual manera, se ha comprobado que la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud, a través de la ejecución de las guías y protocolos para el aborto seguro, han demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud sexual y reproductiva de la mujer”, destacó Profamillia.
Según la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad.
De la totalidad de los procesos penales de aborto, en febrero de 2017 estaban activos 1.604, se habían expedido 200 sentencias condenatorias y 14 sentencias absolutorias, lo que demuestra que el ejercicio de un derecho fundamental sigue siendo perseguido en Colombia como un delito.
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Desde la despenalización del aborto, en tres causales, mediante los servicios de anticoncepción y aborto seguro, en 2019 se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros en Colombia.
“Es inconcebible que 14 años después de la Sentencia C - 355 de 2006, de más de 17 fallos de la Corte y regulación por parte de autoridades de salud, las mujeres sigan siendo sometidas a actos de crueldad como juzgamientos, señalizaciones, discriminación, abusos, etiquetas morales y sociales que solo atentan y destruyen su vida y salud mental”, dice Profamilia.
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