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En carta enviada al Congreso de la República, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó al legislativo establecer medidas que protejan la vida, honra y bienes de los colombianos. Lo anterior debido a hechos históricos como el despeje del Caguán y actuales situaciones como el proselitismo armado de las Farc en el corregimiento de Conejo en La Guajira.
En la comunicación enviada al presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, el jefe del órgano de control recomendó que en los proyectos de Ley de Senado y Cámara presentados en la materia, se incluyan precisiones que salvaguarden los principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
El procurador formuló igualmente al Congreso seis limitantes necesarias para la eventual reforma a la ley de orden público en lo que se refiere a ubicación de frentes o columnas de la organización terrorista. Según la comunicación, no pueden establecerse estas zonas en los puntos de Colombia donde:
"1. Existan asentamientos de población civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido víctimas del grupo guerrillero.
2. Se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar un daño.
3. Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de minería criminal.
4. Sean zonas de concentración de cultivos ilícitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tráfico de estupefacientes
5. Estén ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional.
6. Que comprenda áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podrían favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública."
El procurador destacó la importancia de incluir a los proyectos de Ley la normativa que consagre la consulta previa a grupos étnicos respecto a las zonas y el impacto sobre estas poblaciones.
