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La Procuraduría pidió al Gobierno Nacional desde hace varios días que entregara un informe con respecto a las medidas de coordinación y articulación interinstitucionales, en el nivel nacional y territorial, para abordar posibles expresiones de movilización y protesta social por este asunto.
El organismo hizo la petición ante las posibles afectaciones que se pueden generar en el abastecimiento de alimentos, la movilidad, el tránsito y desplazamiento de viajeros además de poner en riesgo la seguridad alimentaria sino también la salud pública.
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“Resulta fundamental que las autoridades a nivel nacional actúen de manera coordinada y armónica entre sí para abordar de manera efectiva y oportuna las problemáticas sociales que se pueden desencadenar en este contexto", afirmó la procuradora Tatiana Oñate, delegada para la gobernanza territorial.
La procuradora además ha hecho varias solicitudes para que los ministros del Interior, Transporte, Agricultura y Minas informaran sobre las medidas que vienen cumpliendo desde sus carteras para enfrentar esta situación y los impactos causados por las movilizaciones y las protestas.
La procuradora Tatiana Oñate hace presencia en el PMU instalado por el Gobierno Nacional, en donde está atenta a las actuaciones que inicien las autoridades para evitar que se afecten a las comunidades de las poblaciones.
La situación del paro de transportadores ocasionó que la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una indagación por los 36 bloqueos totales que se han registrado en vías públicas en Bogotá, en algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio y los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta.
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El organismo explicó que el paro de transportes que ha generado los bloqueos objeto de indagación, representan un riesgo que puedan causar acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones y utilizan las vías.
