La FM en Google News
Si hay un tema que de manera permanente genera debate en Colombia es la exploración y explotación minería.
De ahí entonces la importancia de que con presencia de la regional Antioquia de la Defensoría del Pueblo se adelantara una mesa interinstitucional de minería en Jericó.
Allí hicieron presencia la Alcaldía, la Personería y la Inspección de Policía de Jericó, la oficina de Derechos Humanos de Antioquia, Corantioquia, las Secretaría de Minas y Seguridad Ciudadana de Antioquia y el Ministerio de Minas.
Además, al encuentro también acudieron grupo de personas de la Vereda Vallecitos de Jericó, parte de la comunidad en contra del proyecto de minería de cobre Quebradona.
Se trata del primer espacio de este tipo realizado en los 18 años que AngloGold Ashanti tiene presencia en la región. Para muchos pasa a ser un ejemplo de cómo los espacios de diálogo pueden ser posibles a pesar de las diferencias.
Al respecto, desde AngloGold se destacó el compromiso de las partes por encontrar puntos de acuerdo con relación a los estudios que se realizan en la vereda Vallecitos de Jericó para entender el territorio en materia ambiental, especialmente el comportamiento del recurso hídrico.
AngloGold Ashanti, en ese sentido, reiteró su intención de que todas las actividades que se realizan en Vallecitos cuenten con la debida autorización del dueño del predio, así como con todos los permisos de las autoridades competentes y bajo la vigilancia de la corporación ambiental.
Juan Camilo Quintero, director de Asuntos Corporativos e Innovación de AngloGold Ashanti, dijo que desde la compañía siempre se ha respetado a todas las personas de la comunidad, independiente de su posición hacia el proyecto.
“Seguiremos trabajando para encontrar puntos de consenso sobre la actividad, ya que estamos completamente convencidos de que conocer las características del agua de la zona es clave para el municipio, independientemente de las actividades que se quieran realizar”, recalcó.
Por último, la compañía pidió ante la mesa que se permita la libre movilidad y el tránsito por el territorio, el derecho al trabajo y el respeto por la propiedad privada, en la medida en que hay vías de hecho que vulneran el derecho al trabajo.
