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Avanza el diálogo entre el Gobierno Nacional, los agricultores arroceros y la industria, mientras que continúan las protestas y bloqueos de vías en varios puntos del país. Los campesinos aseguran que no levantarán el paro hasta que no se oficialicen compromisos concretos que garanticen la rentabilidad de la cosecha.
Representes de los arroceros como Carlos Alberto Rojas, gerente de Usocoello, explicó que los productores no han recibido garantías como es el caso del precio de compra del arroz tipo paddy verde.
“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para poder llevar a cabo unos costos de producción, recuperar los costos de producción que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esa garantía, créame que nos van a levantar de las vías, no va a haber una desmovilización ni desbloqueo de las carreteras, desafortunadamente se necesita que exista ese tipo de garantía”, advirtió.
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Un punto importante es la ausencia de una resolución oficial por parte del ministerio que fije un precio mínimo de compra. Para los campesinos, esta medida es clave para proteger la sostenibilidad del cultivo y evitar pérdidas económicas.
Por su parte, Martín Vargas, presidente de Dignidad Arrocera del departamento del Huila, aseguró que no se pondrá fin al paro mientras no se firme un documento que comprometa a los industriales y al Gobierno a respetar los precios.
“Los agricultores en el departamento de Huila están exigiendo un precio y no se levanta el paro hasta que no haya un precio. La comisión técnica que designó la ministra Marta Carvajalino va a sacar una resolución donde la industria tiene que acogerse a esa situación porque la industria tiene que ser consciente que nosotros no podemos seguir trabajando a pérdida”, enfatizó.
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También recordó que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, se comprometió a publicar una resolución donde la industria se obligue a pagar un precio justo desde el momento en que empezaron las negociaciones.
Los productores advierten que de no obtener una respuesta favorable, la producción nacional de arroz podría verse comprometida, abriendo la puerta a importaciones extranjeras que afectarían la seguridad alimentaria como la economía de los arroceros.
