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Con la finalidad de dar un enfoque diferencial, el representante adjunto de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández, presentó un informe anual de este organismo en el departamento de La Guajira.
El informe reveló que Riohacha se encuentra en el primer lugar de población con pobreza extrema en el Caribe y está en el segundo lugar en el país.
Fernández aseguró que las cifras de asesinatos de líderes sociales son altas y van en aumento e indicó que "en lo corrido del 2018 fueron asesinados 115 defensores de los derechos humanos".
"Este año, al seis de junio, han sido reportado 76 denuncias y se han verificado 26 líderes sociales y tres de ellos fueron en la región Caribe", agregó.
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En este informe se señala que 24 departamentos son los afectados por la violencia en el país; sin embargo, Antioquía, Cauca y Norte de Santander es donde se han presentado más muertes violentas de defensores de los derechos humanos.
El representante observó que el 59% de los asesinatos se cometieron en el ámbito comunitario y los más afectados fueron los directivos de la junta de acción comunal, quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional.
Naciones Unidas dijo en el informe que, en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades como la entrega de celulares en territorio sin señal.
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También se refirió al retraso de más de un mes del otorgamiento de medidas de protección la unidad nacional de protección que derivó en el asesinato de un líder comunal y de un representante de las víctimas de norte de Santander y Valle del Cauca en julio y en septiembre respectivamente.
Según el informe, la prensa también fue víctima en el 2018 cuando se registró un aumento preocupante del número de amenazas y agresiones contra periodistas con respecto al 2017.
"Hasta el 2 de noviembre del 2018 se habían denunciado tres homicidios 200 amenazas y 477 agresiones contra la libertad de prensa afectando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión", indica en el informe.
En las observaciones finales que hace esta comisión internacional al gobierno, exhortó al Estado a fortalecer las garantías para los defensores de los Derechos Humanos a través del fortalecimiento y ampliación de los espacios existentes y la participación cívica.
