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El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un decreto que reforma de manera estructural el transporte de carga en el país. La norma fue firmada por el Presidente de la República y construida con aportes de más de 1.200 observaciones provenientes de los diferentes actores del sector, lo que la convierte en un cambio de gran alcance para transportadores, empresas y generadores de carga.
El decreto tiene como objetivo equilibrar las relaciones económicas en la cadena logística y mejorar las condiciones laborales de conductores y propietarios de vehículos. Según el Ministerio de Transporte, el proceso de diseño incluyó mesas de trabajo y espacios de concertación con representantes del gremio.
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La primera transformación está enfocada en garantizar un equilibrio económico dentro del sector. Para ello, se fijaron mínimos obligatorios en aspectos como salarios, prestaciones, mantenimiento de los vehículos y tiempos de cargue y descargue. Con estas medidas se busca proteger tanto a los conductores como a los dueños de los automotores. Además, se reducen las barreras que limitaban la creación de empresas por parte de pequeños transportadores, al exigir menores requisitos de patrimonio. El decreto también habilita el cambio de servicio de vehículos particulares a públicos, reconociendo la realidad de numerosas familias que dependen de esta actividad. Otro eje de la reforma es la creación de programas de reposición que ahora abarcan a todos los tipos de vehículos de carga. Por primera vez se incluye en el fondo de reposición a los automotores livianos y a las volquetas, lo que amplía los beneficios para miles de propietarios que hasta ahora estaban excluidos de este mecanismo.
El tercer componente fortalece el control y la vigilancia mediante el uso de tecnología. Se robustecen los sistemas de información del sector, como el SICETAC y el RNDC, y se implementa la supervisión remota de básculas. Con esto se pretende mejorar la trazabilidad de las operaciones y garantizar mayor transparencia en el proceso de transporte de carga. El cuarto pilar está orientado a la transparencia en la información y a la toma de decisiones basadas en datos. El decreto amplía la obligación de reportar operaciones al RNDC, incluyendo aquellas relacionadas con el transporte de ganado menor, lo que permitirá contar con estadísticas más completas y confiables para el diseño de políticas públicas.
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La reforma busca fortalecer la equidad y abrir nuevas oportunidades para los pequeños propietarios de vehículos, además de modernizar los sistemas de vigilancia y control. Según el Ministerio de Transporte, esta medida también contribuye a la seguridad vial, la competitividad logística y la formalización del sector.
