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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como ejemplar e histórico el fallo del Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia que condena a siete altos directivos de la empresa multinacional Chiquita Brands, dedicada a la producción y distribución de plátanos y que tuvo sede en el Urabá Antioqueño.
La decisión establece una condena a 11 años y 3 meses de prisión, por concierto para delinquir agravado y deberán pagar 13.879 millones de pesos.
El funcionario en su cuenta de X señaló que es una condena para aquellos que apoyan a grupos armados en el país. “Para el Ministerio de Trabajo este ejemplar fallo es histórico. Es una condena a la financiación de grupos armados ilegales en zonas bananeras del país por parte de una empresa multinacional”, dijo.
Indicó que esta decisión además permite hacer justicia con las comunidades afectadas de esta zona del país. “Durante años, trabajadoras y trabajadores rurales fueron víctimas del miedo y la violencia. Hoy, la justicia les da una respuesta”, sostuvo.
Recalcó que el sector empresarial no puede estar relacionado con las acciones criminales. “La actividad empresarial no puede estar asociado al crimen y menos aún para masacrar a la población civil y a la organización sindical. No hay trabajo digno sin garantías de vida y derechos”, puntualizó.
En el fallo se estableció que la empresa tuvo nexos con el paramilitarismo y financió grupos paramilitares que delinquían en el Urabá y Magdalena teniendo una relación con los crímenes cometidos por este grupo criminal entre los años 1997 y 2004.
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Los condenados fueron: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro altos cargos de Chiquita Brands, con una pena de 135 meses de prisión para cada uno.
En el fallo además la juez negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la emisión de órdenes de captura contra los condenados.
Hay que indicar que, hace dos meses, la Comisión de la Verdad aseguró que Chiquita Brands, habría aportado financieramente a este grupo armado, mientras estos combatían con las guerrillas.
En cuanto a la relación de este grupo paramilitar con el empresariado, desde la Comisión de la Verdad mencionaron los pagos que la bananera Banaldex, le habría hecho al grupo armado ilegal La Tagua del Darién, que era liderado por Jaime Alonso Castrillón, un desmovilizado del Bloque Bananero de las AUC.
También argumentaron que, al parecer, se registraron pagos y apoyos por parte de esta multinacional a las Autodefensas en el Magdalena, pues señalan que la empresa contaba con otra sucursal en Santa Marta en 1997.
