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Luego de que la Contraloría General de la República revelara que en el departamento de Córdoba se hacían falsos recobros en el sistema de salud con pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y medicamentos que nunca se suministraron, con lo cual se produjo un posible detrimento al patrimonio público por $44 mil 812 millones de pesos, el Ministerio de Hacienda adoptó una medida correctiva de suspensión del giro de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, esto ocurrió hace dos semanas cuando el contralor Edgardo Maya hizo llegar la comunicación de lo que había pasado en Córdoba con la plata de la salud; la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, ordenó mediante la Resolución 1784 del 17 de junio de 2016 “la suspensión de giros de recursos transferidos a la población pobre no vinculada con subsidio a la demanda y actividades no POS del SGP del departamento de Córdoba".
De acuerdo con el ente de control, la Secretaría de Salud del Departamento usó dineros provenientes del Sistema General de Participaciones y autorizó el pago de 39 mil millones de pesos, directamente a las IPS Unidos por su Bienestar y $5 mil 700 millones a la IPS San José de la Sabana.
Según la Contraloría, los pagos se hicieron de forma directa sin que mediara una EPS, sin verificar la efectiva prestación del servicio, sin que existieran fallos de tutela y, además, sin autorización del Comité Técnico Científico de la EPS, como establece la normatividad vigente.
A esto se suman cuatro casos de recobros por terapias basadas en neurodesarrollo, donde se determinó un hallazgo fiscal por $5.264 millones, con lo cual el presunto detrimento patrimonial detectado por la Contraloría en esta auditoría, a los recursos del SGP asignados al departamento de Córdoba, totaliza más de $50 mil millones.
En un comunicado, la Contraloría reveló que los pagos se hicieron en las vigencias 2013 ($18.892 millones), 2014 ($17.012 millones) y 2015 ($3.156 millones).
Las IPS mencionadas, que funcionaron hasta 2015, recibieron estos dineros por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, que no está en el POS, a 47 personas en 2013 y a 81 en 2014, presuntamente diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de Von Willebrand.
Advierte la Contraloría que, el registro de pacientes hemofílicos que lleva el Ministerio de Salud, señala que en Córdoba solo se han reportado 13 casos en 2013.
El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, puso estos hechos en conocimiento del actual Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y dio traslados de los mismos a la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica.
Maya Villazón recibió el pasado 13 de junio una comunicación del anterior gobernador, Alejandro Lyons Muskus, donde este le informa que presentó denuncia penal ante la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, contra los representantes de las IPS involucradas, así como contra los funcionarios que laboraban en la Secretaría de Salud Departamental durante los años 2013, 2014 y 2015.
La Contraloría dice tener pruebas que demostrarían la participación de una red criminal que aprovechan las llamadas enfermedades huérfanas para defraudar los recursos de la salud.
