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Dejusticia y otras organizaciones presentaron una tutela para pedirle al Gobierno que constituya 3 zonas de reserva campesina (Cundinamarca y 2 en el Meta) que están estancadas desde hace varios años en la Agencia de Tierras. Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta).
De acuerdo con los demandantes, este litigio podría abrir la puerta para que el Estado destrabe los procesos de otros territorios en el país que también están a la espera de convertirse en ZRC.
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Según Dejusticia, estas tres comunidades iniciaron su proceso para constituirse como ZRC en 2011 y en los últimos cuatro años no han tenido un avance de fondo.
"Desde entonces solo falta un paso: que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo para ser aprobadas. Por eso, bajo el lema 'A un paso del territorio campesino', exigimos que se garanticen los derechos de las comunidades a la territorialidad campesina, a la igualdad material y al debido proceso", precisa una comunicación emitida por los demandantes.
El argumento central de este litigio, según lo explica el investigador de Dejusticia y apoderado de las organizaciones Rodrigo Uprimny, es que el campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las Zonas de Reserva Campesina, que adquirieron con el Acuerdo de Paz un cierto estatus constitucional.
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En ese orden de ideas, se señala que al Gobierno junto a las autoridades les correspondería impulsar estas zonas al reconocer que los "campesinos son sujetos de especial protección constitucional".
Cabe recalcar que las Zonas de Reserva Campesina nacieron a partir de la Ley 160 de 1994, como una posible solución a varios problemas históricos del campo, como el acaparamiento de tierras y el conflicto armado. Desde entonces se han constituido siete de ellas y otras 23 han sido solicitadas (incluyendo las tres de esta tutela).
No obstante, esta figura no se establece como una forma de propiedad colectiva como un resguardo indígena o un consejo comunitario afro. Sin embargo, se configuró como una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro grandes objetivos: promover la economía campesina, proteger el ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola.
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Por lo tanto, en una ZRC las comunidades construyen un Plan de Desarrollo Sostenible y este se concerta con las autoridades. Dicho plan contempla políticas sobre el uso de la tierra, que deberían priorizar los modos de producción campesina por encima de otros menos sostenibles.
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