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La Justicia Especial para la Paz respondió luego de que se conociera que en el presupuesto del 2019 quedó asignado un rubro adicional de un poco más de 43.000 millones de pesos para que los magistrados de la JEP puedan contratar supernumerarios.
La JEP emitió un comunicado atribuyendo a un “error del Ministerio de Hacienda” la destinación de esa partida, interpretada por muchos como una posible nómina paralela.
La jurisdicción negó haber pedido ese dinero para la contratación de una planta temporal.
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“La JEP, como entidad autónoma, nunca solicitó para su presupuesto de 2019 una partida de $43.488 millones para personal supernumerario y planta temporal. Así consta en el oficio que le envió el pasado 15 de noviembre de 2018 al Ministerio de Hacienda la Secretaria Ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón Falla”, señala la entidad.
La jurisdicción solicitó al Ministerio de Hacienda corregir el decreto de liquidación presupuestal, que fueexpedido el pasado 28 de diciembre.
“En vista de que el Decreto 2467, expedido por el Ministerio de Hacienda el 28 de diciembre de 2018, contempla, al parecer por un error involuntario de esa entidad, una partida para “personal supernumerario y planta temporal” en el presupuesto de la JEP -la cual no fue solicitada ni aprobada por el Órgano de Gobierno ni por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción-, en el día de hoy se le está pidiendo formalmente a ese Ministerio hacer la corrección pertinente”, indica la comunicación.
El presupuesto total aprobado por el Congreso para la JEP en este 2019 fue de 292.000 millones de pesos para los tres órganos que conforman la jurisdicción: los magistrados, la Fiscalía y la Secretaría Ejecutiva.
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En la norma, quedó establecido que los magistrados podrán destinar, a parte de los recursos de funcionamiento, más de 43.000 millones de pesos para la contratación de supernumerarios y personal temporal de planta para esa entidad.
Adicionalmente, fuentes revelaron que el manual de funciones de la JEP habría sido fue modificado en las últimas semanas para permitir la vinculación de profesionales en bellas artes, urbanismo, arquitectura, entre otras carreras afines.
El Centro Democrático denunció que eso podría constituirse en una nómina paralela en pleno año electoral y pidieron a los órganos de control vigilar la ejecución de esos recursos.
