Jalón de orejas a Prosperidad Social por baja ejecución de proyectos entre 2019 y 2022

La Contraloría General evidenció que la ejecución presupuestal en el cuatrienio 2019-2022 del proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional (FIP)", en cabeza de Prosperidad Social,  alcanzó una ejecución de  apenas 21,23%. 

Esto a pesar de que el presupuesto asignado fue superior a los $3,7 billones de pesos, de los cuales fueron “devueltos” por inejecución $1.73 billones.

Estos proyectos incluyen obras como plazas de mercado, centros de acopio, centros de transformación productiva, pavimentos y placas huellas.

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El proyecto contó con una asignación presupuestal inicial para el periodo 2019-2022 superior a los $3.7 billones de pesos, para beneficiar a más de 5 millones de colombianos.

Además se evidenció que su presupuesto inicial sufrió variaciones del 60,3% debido a su baja ejecución, por lo que el presupuesto final para el cuatrienio fue de $1,97 billones.

Para el año 2021 se presentó un incremento del 2,4% en el presupuesto inicial, aunque su ejecución al finalizar la vigencia fue del 20,72%.

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Situación similar a lo ocurrido en la vigencia 2019 en que la misma fue del 24.07%, en el 2020, del 19,80% y en el 2022, del 20,47%, mostrando una ejecución promedio en las cuatro vigencias de tan solo el 46%, con una disminución de $1.73 billones de pesos respecto de su presupuesto inicial, por lo que $1.06 billones de pesos no se vieron reflejados en obras de infraestructura social y comunitaria en los municipios beneficiados.

La Contraloría indicó que se evidenció que "desde la firma del convenio entre el ente territorial y Prosperidad Social, hasta la firma del acta de inicio de obra transcurren en promedio 22.3 meses, es decir 1,8 años, a su vez, el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la entrega de la obra es de 47.4 meses, es decir 3,95 años, y el tiempo promedio de obra es de 25.1 meses, equivalente a 2 años".