Irregularidades en contratos de la Alcaldía de Cali: Contraloría abre proceso

La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de un proceso de responsabilidad e indagaciones preliminares a la Alcaldía de Cali, por irregularidades en contratos celebrados con Imprectis y Emcali los cuales son cercanos a $1 billón.

Lo anterior, luego de que la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría identificara 89 contratos sobre los cuales se amerita realizar actividades de vigilancia y control.

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Como consecuencia de lo anterior, se dio apertura a seis indagaciones preliminares relacionadas con 126 contratos, por un valor de $4.928 millones, relacionados con obra pública, Plan de Alimentación Escolar (PAE), interventoría de obra pública, consultoría, alcantarillado y saneamiento básico, bienestar social, desarrollo económico, entre otros.

Contratos

De acuerdo con la Contraloría, debido a denuncias presentadas por ciudadanos, se declaró de impacto Nacional el caso relacionado con presuntos daños de responsabilidad fiscal en la Empresa Industrial Comercial del Estado, Imprectis, la Imprenta Departamental del Valle del Cauca.

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Estas irregularidades que pudieron haberse dado en la posible intermediación necesaria y la ejecución de varios contratos celebrados con 34 entidades territoriales, del orden departamental, municipal y Nacional, generando diez actuaciones, de las cuales, se han abierto dos procesos y tres indagaciones preliminares, donde se investigan 904 contratos que suman cerca de $130.000 millones.

Contratos de Emcali

Las investigaciones tramitadas por la Contraloría General de Santiago de Cali han generado que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelante 36 actuaciones, de las cuales se han abierto 15 indagaciones preliminares por cuantías estimadas de $503.470 millones y 7 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $95.522 millones.

Así mismo, actualmente se estudian 20 hallazgos con incidencia fiscal por cuantías estimadas en $139.314 millones, para un gran total de $738.307 millones en presuntos daños fiscales.