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'Pese a amenazas y desplazamiento, Gobierno no ha hecho presencia en Bahía Solano'

En diálogo con LA FM, la mandataria de esa región del Chocó, Harley Ortíz, se refirió al desplazamientos de 327 personas de los corregimientos de Nabugá y Huaca.

Actualizado:
Miércoles, Diciembre 21, 2016 - 04:24
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La Defensoría del Pueblo asistiendo a los habitantes de Bahía Solano / @DefensoriaCol

Pese a varias amenazas y el desplazamiento en la zona, el Gobierno Nacional no ha realizado un consejo de seguridad en Bahía Solano. En este municipio del Chocó, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 327 personas han sido desplazadas por parte de grupos al margen de la ley.

En diálogo con LA FM, la alcaldesa de Bahía Solano, Harley Ortíz, aseguró que pese a que ha solicitado al Gobierno Nacional un consejo de seguridad en su municipio y ha pedido la construcción de una estación de Policía, estas gestiones no han sido adelantadas.

"Tengo varios funcionarios que están muy angustiados, la situación es crítica porque los han amenazado. Sigo insistiéndole al Gobierno Nacional que debe haber una respuesta ya, inmediata, no podemos esperar que haya una masacre", aseguró la Alcaldesa.

De igual forma, la funcionaria afirmó que desde que ella asumió el mandato en Bahía Solano, se han presentado inconvenientes y a pesar de pedir ayuda, no ha llegado la misma por parte del Gobierno Nacional.

"Desde que asumí el mandato vengo haciendo un llamado al Gobierno Nacional poniendo en conocimiento el riesgo en que se encuentra la parte norte del municipio. Tenemos desplazamiento, hay preocupación porque va a continuar", señaló Ortiz.

Asimismo, agregó: "He venido insistiendo con el ministro de Defensa y ministro del Interior para que se aumente el pie de fuerza y para que se construya la estación de Policía en Bahía Pupita y así garantizar la seguridad de nuestro territorio".

La alcaldesa de Bahía Solano aseguró además que convergen todos los grupos al margen de la ley, ELN, Farc y Bacrim, y ahora el clan del golfo los "tiene al borde de una preocupación".

Finalmente, habló sobre la preocupación por la situación humanitaria de los más de 300 desplazados, pues aseguró que no tienen infraestructura ni recursos para atenderlos de una manera digna.

"Ya no sabemos cómo responder, en este momento no sé cómo seguir asistiendo a estas familias desplazadas porque no tenemos albergues y para poderles brindar asistencia humanitaria de forma digna tampoco tenemos", dijo la mandataria.

Llamado de la Defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a las autoridades para proteger la vida, libertad e integridad de la población en Bahía Solano (Chocó), donde 327 personas de los corregimientos de Nabugá y Huaca fueron expulsadas forzosamente de sus hogares. El desplazamiento masivo -en total 97 familias- se presentó como consecuencia de infracciones al DIH en contra de poblaciones indígenas y afrocolombianas, cometidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Dos de los hechos violentos ocurrieron en Nabugá: la desaparición forzada del indígena Daniel Cabrera Lana (4 de diciembre) y el asesinato de Deiber Potes Girón (6 de diciembre). A esto se suma el homicidio y desmembramiento del joven Roberto Jiménez Bocanegra, en Huaca, el pasado lunes 12 de diciembre, cuando también hubo amenazas generalizadas en contra de los pobladores.

El 3 de junio de 2014 la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el escenario de riesgo en Bahía Solano, Juradó y Nuquí y puso en conocimiento sobre la movilización de unos 500 hombres de las AGC desde el Urabá y el Bajo Atrato hacia Bahía Solano y Juradó. Y el 7 de junio pasado emitió un informe en el cual se advirtió sobre el riesgo para las comunidades de la Costa Pacífica, en concreto en Nabugá y Huaca.

Ante los hechos recientes, desde el domingo 18 de diciembre funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizan misiones humanitarias en los tres municipios, para verificar la situación de riesgo de desplazamiento y de confinamiento por la presencia de actores armados ilegales y la instalación de minas antipersonal.

Ante estas difíciles circunstancias, el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional, particularmente a los Ministerios de Defensa y del Interior, para que se fortalezca la capacidad de respuesta actual en materia de seguridad, prevención y protección en Juradó, Bahía Solano y Nuquí, así como de la Unidad de Víctimas, para restablecer los derechos de la población desplazada y en riesgo.

Mauricio Redondo, defensor delegado nacional para la población desplazada: hacemos llamado a Mininterior y Mindefensa para que proporcionen seguridad a gente de Bahía Solano