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El abogado Wilson Ruiz, representante de la familia de Kevin Acosta, afirmó en entrevista con La FM que un informe de la Procuraduría confirma negligencia de la Nueva EPS y señaló que la interrupción del tratamiento médico del menor incidió en su fallecimiento, según lo expuesto durante el diálogo radial.
Ruiz explicó que el niño tenía hemofilia severa y requería un medicamento continuo para prevenir hemorragias. Indicó que por decisiones administrativas se suspendió el suministro durante aproximadamente dos meses y sostuvo: “el niño no murió únicamente por una caída, sino porque le quitaron el medicamento que necesitaba para sobrevivir”. Agregó que la interrupción dejó al menor sin protección y afirmó que esa situación constituye una omisión en la atención de la salud dentro del sistema.
Sobre el impacto del informe, el abogado señaló que la decisión de la Procuraduría “le da fuerza a los procesos” y permite a la Fiscalía avanzar con bases sólidas. Indicó que el pronunciamiento confirma investigaciones previas y que, en el ámbito penal, la omisión de los funcionarios encargados de atender al menor comienza a consolidarse como prueba. Según dijo, “ya no es solo una sospecha”, sino un elemento que puede ser valorado dentro del proceso judicial en curso.
En relación con la historia clínica, Ruiz indicó que por la reserva del proceso no puede entregar detalles específicos y manifestó que la instrucción del fiscal es no afectar la investigación. No obstante, reiteró su planteamiento central al afirmar: “el niño no murió por la caída, sino por la falla en la administración de los medicamentos”. Añadió que ese punto es determinante para entender la secuencia de los hechos expuestos durante la investigación.
Frente a posibles irregularidades, el abogado sostuvo que “presuntamente sí fue adulterada esa historia clínica” y explicó que los funcionarios de la EPS cumplían funciones públicas, por lo que sus acciones deben evaluarse como las de un servidor público. Señaló que la omisión es un elemento clave para determinar si existió una falla en el deber de garantizar derechos. También mencionó que, según su relato, se han presentado situaciones similares relacionadas con falta de medicamentos.
¿Qué dijo Ruiz sobre el informe de la Procuraduría?
Sobre las acciones legales, Ruiz informó que interpusieron una denuncia penal para identificar a los responsables de posibles delitos de omisión e irregularidades y que trabajan en una demanda de responsabilidad del Estado. Explicó que el objetivo es una reparación integral y precisó: “no pretendemos hablar de sumas de dinero”. Añadió que buscan que el Estado acepte su responsabilidad, que haya decisiones judiciales y que se adopten medidas para evitar la repetición de los hechos descritos.
El abogado reiteró que el informe respalda su versión sobre la interrupción del tratamiento y sostuvo que constituye un elemento que fortalece las actuaciones judiciales. Indicó que la conclusión del órgano de control permite estructurar el caso con mayor claridad y que las omisiones señaladas deben ser evaluadas por las autoridades competentes. En sus palabras, “empieza a tomar forma como una prueba”, en referencia al avance del proceso penal y a la valoración de los hechos.
¿Qué buscan las acciones legales de la familia de Kevin Acosta?
Ruiz señaló que la estrategia jurídica incluye actuaciones en diferentes frentes y que la prioridad inicial fue la atención a la familia. Explicó que, según su relato, se buscó evitar que la responsabilidad recayera sobre la madre y enfatizó que las acciones pretenden esclarecer los hechos. Indicó que esperan decisiones que determinen responsabilidades individuales y que permitan establecer medidas para garantizar la prestación del servicio de salud en condiciones de continuidad. Concluyó que el proceso seguirá su curso conforme a lo establecido por las autoridades.
* Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
