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El gobierno del presidente Iván Duque advirtió que la administracióndel expresidente Juan Manuel Santos no entregó los informes sobre las cifras de los líderes sociales asesinados entre los años 2010 a 2016.
Francisco Barbosa, consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales señaló que ese panorama genera preocupación en las autoridades frente a la política que se está elaborando para la protección de los defensores y representantes de Derechos Humanos.
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"Nosotros no hemos recibido ningún informe de la administración Santos de líderes sociales asesinados entre el 2010 y 2016 a la firma del acuerdo de paz, aquí lo que se recibió fue un informe de la comisión de garantías de seguridad, desde la firma del acuerdo hasta el siete de agosto”, aseguró.
El funcionario señaló que existe "preocupación" porque "antes del acuerdo de paz no había un récord de líderes sociales asesinados en Colombia y esto nos preocupa porque estamos construyendo una política de Estado para entender que es lo que está pasando".
No obstante, Barbosa manifestó que en ocho años del gobierno Santos no fue invitado el relator de Naciones Unidas para hablar sobre los casos de líderes sociales.
“Esto se cruza con un hecho relevante y crucial, durante ocho años el Gobierno anterior no invitó al relator de las Naciones Unidas para tratar el tema de los líderes sociales y vino a Colombia hace poco por invitación del presidente Iván Duque”, puntualizó.
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Sin embargo, hace varios días, la Defensoría del Pueblo realizó un trabajo de verificación, con el sistema de Alertas Tempranas, de siete casos de defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en lo corrido del 2019.
Las cifras coinciden de alguna manera, con las de organizaciones sociales como Indepaz, que denuncian seis homicidios de líderes y el asesinato de un excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación en el departamento del Meta.
Con estos siete casos y de acuerdo con las cifras de la Defensoría, a la fecha se registran 438 casos de homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos entre el enero de 2016 y los primeros días de este año.
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