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El Gobierno Nacional anunció que radicará en el Congreso un proyecto con el que busca establecer medidas preventivas y de seguridad a favor de aquellas personas que se atrevan a denunciar casos de corrupción.
Según explicó el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Encisco, uno de los artífices del proyecto, con las medidas se evitará que se tomen represalias laborales y se otorgará seguridad a quienes, por las denuncias, puedan ser objeto de amenazas.
“Las principales medidas van dirigidas a proteger la integridad, la vida y seguridad de los denunciantes que estén en riesgo por haber denunciado. Hay unas medidas que apuntan a proteger la identidad y el anonimato de las personas que denuncian esos actos de corrupción; y en el plano de las personas jurídicas, lo que se busca es que no haya afectación grave de las actividades comerciales”, explicó Enciso.
Y es que precisamente el proyecto incluye protección a personas jurídicas que han sido víctimas de funcionarios corruptos que les solicitan coimas o dádivas.
“En muchas oportunidades, las empresas se abstienen de denunciar porque tienen temor de la reacción que pueda tener el Estado o alguna agencia que contrata sus servicios por las denuncias que están presentando”, añadió el alto funcionario del gobierno.
-Recompensas para denunciantes-
La legislación colombiana actual establece la posibilidad de pagar hasta un 5% del valor recuperado de los bienes que se hayan obtenido bajo la figura de extinción de dominio a la persona que haya denunciado los hechos ilícitos que hayan permitido la recuperación de esos bienes. En muchos casos, según palabras de Enciso, la recuperación de activos tienen relación con casos de corrupción.
Por eso, esa norma será reglamentada con mucho mayor rigor en el proyecto que será radicado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en el primer semestre del 2016.
“Se tiene que dar una seguridad jurídica plena a quienes reportan este tipo de casos para que sepan que van a recibir las recompensas y que ese incentivo sea un incentivo real y no un saludo a la bandera como podría ocurrir si no reglamentamos bien la materia”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, la eventual ley no cobijará a todo cuanto denuncie. La persona que solicite seguridad tendrá que ajustarse a ciertas condiciones que estarán establecidas en el proyecto “para que no haya abusos de la figura por parte de quienes a veces abusan falsamente con el ánimo de obtener una protección del Estado que verdaderamente no se necesita”, concluyó Enciso.
