Comunidades indígenas denuncian desplazamientos forzados por violencia armada en La Guajira

Hay preocupación por desplazamientos tras el asesinato de un líder de la comunidad indígena Wiwa.
Desplazamiento
Desplazamiento Crédito: Colprensa

El asesinato de José Miguel Mójica Conchagüí, líder social del pueblo indígena Wiwa, ocurrido el 26 de diciembre en la vereda La Múcura, zona rural de San Juan del Cesar, generó el desplazamiento forzado de familias indígenas en la cuenca del río Ranchería, en jurisdicción de La Guajira.

De acuerdo con un líder, en los últimos tres meses se han registrado tres asesinatos de integrantes de este pueblo indígena, incluidos dos casos de mujeres, en medio de la disputa territorial de grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“El homicidio ocurrió frente a miembros de la comunidad y posteriormente no fue posible realizar la inspección judicial, debido a enfrentamientos armados registrados cuando ingresaron tropas al sector”, sostuvo.

El 27 de diciembre se presentó un enfrentamiento armado en el sector del puente de Marocaso entre tropas del Ejército y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, situación que dejó a varias comunidades en medio del fuego cruzado y aceleró el desplazamiento interno de las familias.

Según la denuncia, la comunidad de La Múcura quedó completamente deshabitada y sus habitantes se desplazaron hacia otros sectores del resguardo indígena, ante el temor de nuevos hechos violentos.

“Actualmente no existe presencia institucional permanente que garantice la seguridad de las comunidades”, aseguró el vocero indígena.

Las comunidades señalan que los hechos de violencia estarían relacionados con la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conflicto que, según los líderes, se mantiene desde 2024 y ha generado combates, asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados en esta zona del norte del país.

Finalmente, líderes indígenas hacen el llamado al Gobierno nacional para adoptar medidas urgentes que permitan proteger a las comunidades, evitar nuevos desplazamientos y garantizar el retorno seguro de las familias afectadas.


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