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La operación sostenida contra la minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, permitió identificar y sellar nueve casas dedicadas a la prostitución, las cuales servían para que cada trabajadora sexual obtuviera hasta siete millones de pesos semanales en ganancias.
Así lo denunció el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, al explicar que a Buriticá llegaron 196 trabajadoras sexuales, quienes ofrecían los servicios a los mineros de los 13 socavones ilegales que fueron sellados por la Policía.
La intervención también permitió identificar a cerca de 200 mineros informales que trabajarían para la banda criminal del Clan Úsuga. El comandante de la región 6 de la Policía, general Humberto Guatibonza, explicó que la intervención podría durar hasta 70 días.
Tras confirmarse el cierre de los socavones por parte de las autoridades, la Confederación Nacional de Mineros Conalminercol, denunció que a los mineros provenientes de otros municipios se les está entregando el pasaje y un mercado para que retornen a sus pueblos, sin mayores garantías.
La agremiación minera también denunció que la intervención de la policía generó el desplazamiento de varias familias en la vereda Los Asientos, hecho que será investigado por las autoridades departamentales.
