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Sobre las 11 p.m. de este lunes se concretó la labor humanitaria con la que la iglesia y la Defensoría del Pueblo lograron mediar para la liberación de los 18 militares que habían sido secuestrados por habitantes del resguardo indígena La Puria en Río Claro, Chocó.
Según las autoridades, ese hecho fue perpetrado por los habitantes de estas zonas, debido a las amenazas del ELN, que los obligó a frenar el avance de los uniformados.
"Los uniformados van rumbo a Quibdó y se encuentran en buenas condiciones de salud", informó la Defensoría.
Hay que recordar que estos soldados se encontraban cumpliendo una misión orientada a proteger a la población civil y responder a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el accionar violento del ELN, cuando fueron interceptados por una asonada de más de 200 personas.
Sobre estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su rechazó y aseguró que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, y advirtió que el secuestro y los ataques contra las tropas que combaten a los grupos ilegales son violaciones al derecho internacional humanitario.
“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado”, agregó el ministro.
Por su parte, el Ejército confirmó la noticia: "nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN", cita la misiva.
"El Ejército Nacional reafirma su compromiso con el respeto a la vida, los Derechos Humanos y el DIH, y continuará trabajando de manera articulada por la seguridad y el bienestar de nuestros hombres", agrega el comunicado.
En lo corrido del año, se han reportado 36 asonadas contra el Ejército, principalmente en zonas del país como Cauca, Huila, Nariño y el caso más reciente en Chocó, entre otros. Estas acciones han incluido obstrucciones a operaciones militares, amenazas directas a las tropas y, en algunos casos, la retención temporal de uniformados por parte de civiles movilizados.
Estos episodios se enmarcan dentro de una crisis de seguridad más amplia donde las comunidades han protagonizado confrontaciones con el Ejército bajo diversos contextos de rechazo a operaciones militares o influencia de grupos armados ilegales, lo que ha llevado a las autoridades a analizar protocolos de respuesta ante asonadas y ataques contra la fuerza pública.
El Ministerio de Defensa revisa experiencias y estrategias internacionales para enfrentar estos ataques y proteger tanto a uniformados como a civiles, buscando evitar degeneraciones violentas de este tipo de movilizaciones que obstaculizan el desarrollo de la labor constitucional de las fuerzas del orden.
