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La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la amenaza a la que estarían expuestas diferentes zonas del país por la temporada de lluvias y posible consolidación del fenómeno de La Niña.
La entidad aseguró que el fenómeno climático entre junio y septiembre del 2024 cuenta con la probabilidad de la llegada de la segunda época de lluvias e inicio de ciclones tropicales en el Atlántico causando daños a las comunidades.
El defensor del pueblo Carlos Camargo dijo que todos los organismos de carácter nacional, regional y local con responsabilidades en la gestión del riesgo de desastres deben poner en funcionamiento medidas de reducción del riesgo y actualización de los planes de gestión y estrategias que den respuesta a eventuales emergencias.
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“No hemos superado los impactos de El Niño y ahora debemos prepararnos para una temporada de intensas lluvias, que podría ser potencializada por La Niña. La situación conllevaría inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos”, alertó la Defensoría.
Al parecer, en la época de ciclones tropicales se podrían consolidar 23 tormentas tropicales, 11 huracanes y cinco huracanes mayores.
Cabe destacar que, el más reciente antecedente de consideración de La Niña generó importantes afectaciones, lo que motivó al Gobierno a declarar situación de desastre de carácter nacional, justificada en la alta probabilidad de inundaciones y crecientes súbitas en 22 departamentos del país, y deslizamientos en 519 municipios de 24 departamentos.
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Así mismo, el huracán Julia dejó en el 2022 alrededor de 50.000 personas afectadas y cerca de 5.800 viviendas averiadas en La Guajira y en San Andrés y Providencia. Entre tanto, en 2020 el huracán Iota desencadenó una crisis humanitaria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tales eventos fueron una demostración del efecto catastrófico que producen en las comunidades.
“Es indispensable que el Gobierno Nacional y los entes territoriales ejecuten las medidas necesarias para proteger a las personas, la infraestructura, el tejido social y ambiental, con el fin de que sean mantenidas las condiciones sociales, económicas y ambientales, y para que sea prevenida la vulneración de derechos humanos esenciales, como la vida, la alimentación, la vivienda, la salud, la economía y la movilidad por el territorio”, enfatizó Carlos Camargo.
