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Pastor Alape, representante del partido Farc en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de paz (CSVI), aseguró que la decisión del gobierno de ampliar el plazo a seis meses para la entrega de bienes hace parte de "una campaña desacreditar ese movimiento y es otro ataque a los acuerdos de paz".
En entrevista con RCN Radio, Alape dijo: "El decreto no fue consensuado en la CSVI. Es una decisión unilateral del Gobierno. Es una violación al acuerdo donde se establece la comisión de seguimiento y verificación, donde se hacen los ajustes necesarios para garantizar de manera conjunta la implementación del acuerdo".
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El decreto es "una estrategia del Gobierno para poner a la opinión pública en contra de las Farc, bajo el argumento de que estamos incumpliendo lo acordado. Hace parte de la campaña para desmontar la presión por los incumplimientos gubernamentales que se ha manifestado desde la comunidad internacional y otros sectores en Colombia", añadió.
Y reiteró que el decreto "es otro ataque contra el acuerdo de paz, de contenido muy agresivo y contradictorio dado que es imposible que el gobierno se ajuste y cumpla los términos señalados en ese decreto para ejecutar las operaciones de recepción de los bienes, y además amenaza que oficiará ante la JEP y la Fiscalía. Todavía no se han definido los términos de las reincorporación y llega el gobierno con esta amenaza".
Alape dijo que " la estrategia ademas hace parte de la campaña que inició el exfiscal Néstor Humberto Martínez contra el proceso de paz".
"Los bienes que entregamos"
"Al gobierno anterior y a este gobierno se le entregaron los bienes que podíamos mantener en cierta custodia, como, por ejemplo, dinero en efectivo, monedas extranjeras y metales preciosos, dado que no teníamos capacidad de mantener nada en custodia", dijo Alape.
"Hay otros bienes que fueron reportados y que el gobierno reconoce, pero que no puede monetizarlos, y nosotros lo planteamos y aclaramos la entrega de bienes que disponíamos, de todos los recursos que fueron utilizados para lo que llamamos la economía de guerra, que implicaba además vías, obras sociales con la comunidad y predios que estaban en la retaguardia de la insurgencia, que estaba en zonas protegidas en baldíos y en territorios de ley segunda. Esos predios están ahí; el gobierno no los recibe porque, dada la normatividad, no puede monetizarlos".
"Si se implementa lo que establece la reforma rural, esos predios están ahí y quedaría en parte para la reparación de las victimas, sobre todo de los campesinos que desean regresar al campo y que fueron víctimas del desplazamiento, y aquí se requiere de voluntad efectiva de reconstrucción de paz por parte del Gobierno", reiteró Alape.
"Todo no se ha dispuesto porque no se han dado las operaciones para que vayan a territorio a recibirlos. El último fue en el 16 de diciembre en el municipio de Cantagallo, en la vereda Santa Matilde, Bolívar", añadió.
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Aseguró que no se sabe en cuánto se podrían cuantificar los bienes entregados por las Farc, "pero todavía faltan por entregar el 80 % de los predios. El 100% de las vías carreteables, el 100% de las obras sociales como acueductos, escuelas, centros de salud".
"Estamos hablando de más de 400 predios. El gobierno ha recibido seis predios en el Meta y Caquetá y falta el resto. Nadie está cuidando esos bienes porque eso se dispuso, pero no hubo ninguna medida por parte del gobierno para ir a hacer la primera recepción y tomar las previsiones en cuanto a la custodia. A nosotros nos queda difícil", indicó.
