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Por medio de una acción de tutela, los internos de la cárcel ‘Nueva Esperanza’ de San Andrés reclamaron la protección de sus derechos fundamentales a la vida y la salud. En la acción judicial citaban las precarias condiciones en las que se encuentran por la falta de baños en los patios 1 y 2 del centro penitenciario.
En la acción judicial, reclaman que los problemas sanitarios han generado un brote de varicela. En este punto se puso de presente el hecho que las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura del establecimiento carcelario se suspendió el pasado 18 de marzo debido a la falta de mano de obra.
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El caso llegó al Consejo de Estado que le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a las autoridades del Establecimiento Carcelario La Nueva Esperanza para que adelanten las gestiones contractuales y administrativas que permitan que se supere la crisis sanitaria.
Para esto, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo dio un plazo de dos meses para que la Mesa Interinstitucional (conformada por el Gobierno y el departamento) “realicen las gestiones necesarias dirigidas a solucionar la situación de las baterías sanitarias, con el fin de que se garanticen los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la población privada de la libertad en el citado establecimiento”.
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En el análisis del caso, el Consejo de Estado determinó que se omitió el fallo emitido por el Tribunal de San Andrés que le ordenaba a las autoridades carcelarias y a la Gobernación adelantar las gestiones contractuales y administrativas necesarias para superar el déficit.
En dicha decisión señalaba la necesidad de crear un plan de diseño e implementación para el mejoramiento integral del centro carcelario, con énfasis en la infraestructura sanitaria e hidrosanitaria, de acuerdo a las necesidades de hombres y mujeres que permanecen recluidos en ese centro.
