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En una entrevista concedida a La FM de RCN, la defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció con contundencia la crítica situación humanitaria que se vive en el Catatumbo debido al conflicto armado entre las disidencias de las Farc y el ELN.
La escalada de violencia ha generado un elevado número de víctimas y afectaciones a la población civil, mientras que las acciones del Gobierno no han sido suficientes para mitigar el impacto de esta crisis.
“Vemos una violación muy generalizada frente al principio de distensión del derecho internacional humanitario. Los combatientes tienen la obligación de proteger a la población civil todo el tiempo para que no queden involucrados en el conflicto”, afirmó Marín.
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Según la defensora, los ataques recientes en varios municipios de Norte de Santander son el resultado de operaciones planificadas y sostenidas, lo que podría configurar crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático.
La situación en el Catatumbo se agravó tras la ruptura de una frágil tregua entre las disidencias y el ELN: "El ELN ha decidido tomar represalias contra todos aquellos que son cercanos de los miembros de las disidencias en Norte de Santander. Esto hace que tengamos un número tan elevado de víctimas en el departamento", indicó la funcionaria.
Por otra parte, Marín señaló el secuestro y confinamiento de mujeres, algunas acompañadas de sus hijos, como medida de presión, y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas que enfrentan además la falta de acceso a alimentos y medios de subsistencia.
La funcionaria también señaló que la Defensoría del Pueblo, aunque presente en la zona, no ha podido realizar todas las actividades necesarias para proteger a la población. “Habíamos enviado comunicaciones a los procesos de paz pidiendo la autorización para hacer el trabajo de protección a la población civil. Por el momento, estamos esperando respuesta”, explicó.
Críticas al Gobierno por su inacción ante las alertas tempranas
La defensora fue enfática al cuestionar la falta de atención del Gobierno frente a las advertencias emitidas previamente. “El Gobierno debió atender las alertas tempranas sobre el riesgo en el Catatumbo. Hubo medidas que se pudieron tomar, pero no se le dio la suficiente importancia a esta situación”, aseguró.
Marín también mencionó que la capacidad de atención de los entes municipales está colapsando. Aunque la Unidad de Víctimas ha enviado ayudas, no está claro cuánto tiempo más podrán sostenerse los esfuerzos de asistencia humanitaria sin una coordinación adecuada entre los Gobiernos nacional y departamental.
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La defensora del Pueblo concluyó haciendo un llamado urgente para que se suspendan los ataques y se permita el acceso humanitario a las zonas afectadas: “Estas operaciones están en manos de unas pocas personas que también pueden dar la orden de suspender los ataques de inmediato para facilitar la ayuda”, subrayó.
