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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), negó que hubiesen sido declarados "objetivos políticos", los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, quienes en una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque, le advirtieron sobre el resurgimiento de las "chuzadas" y de seguimientos ilegales en su contra.
En el pronunciamiento rechazaron, las aseveraciones de los congresistas que integran la Comisión de Paz.
"Desde esta Dirección trabajamos con las mejores prácticas de transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los derechos humanos", señala el comunicado.
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Mencionaron además, que están prestos a colaborar con las autoridades para certificar su actuar e indicaron que, su objetivo, es "proteger los derechos y libertades de los ciudadanos".
Entre tanto, los senadores acusaron al director de la DNI, de preparar para ellos operaciones de descrédito con el ánimo de adelantar un montaje judicial.
“Dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales, y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas, o en otras palabras, crear 'falsos positivos judiciales", indica la carta.
Sostienen que el pasado 30 de marzo, en una residencia del barrio El Salitre en Bogotá, se adelantó una reunión en la que se develaron algunas directrices “emanadas del propio Director de Inteligencia, almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los suscritos “objetivos políticos”.
Barreras, Cepeda y Sanguino ya pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que determine la veracidad de esta información.
“De resultar ciertos, estos hechos serían de extrema gravedad, pues constituirían no solo una abierta violación de nuestros derechos individuales, sino además una agresión al libre ejercicio de la política en Colombia”, añaden.
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Los congresistas aseguran que su labor por la defensa de la paz y sus acercamientos con grupos ilegales como la entonces guerrilla de las Farc y el ELN, los han llevado a sostener enfrentamientos con el Gobierno y con la bancada del Centro Democrático.
“Intentar silenciar nuestras voces utilizando viejos métodos de interceptaciones ilegales y montajes judiciales, sería un aleve atentado contra la democracia, el Estado Social de Derecho, los derechos de la oposición, y contra los esfuerzos por la paz y la reconciliación del país”, manifestaron.
Ante esta situación, los parlamentarios le pidieron al presidente Iván Duque determinar a la mayor brevedad si estas actuaciones son ciertas.
La misiva fue enviada con copia al fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia Garzón, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Toitiño.
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