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Alfonso Ramos de León, quien estaba prófugo de la justicia, era la última persona que todavía no había dado la cara ante las autoridades por el caso Portal de Blas de Lezo II, en el que murieron 21 personas y otras 22 resultaron heridos.
El inspector, que se entregó voluntariamente y que le fue legalizada su captura, no aceptó los cargos de urbanización ilegal y uso de documento falso, imputados por la Fiscalía.
En las audiencias preliminares, el ente acusador presentó una carta del 20 de noviembre del 2016, que dirigió el propietario de una casa contigua a la construcción desplomada al inspector. El documento advertía que las paredes se extendieron más de lo estipulado y que la edificación no cumplía con las normas de seguridad.
Para la Fiscalía, si el funcionario hubiese atendido este llamado e intervenido se habría prevenido el desplome. Por esta razón, en la audiencia se consideró que el inspector Ramos incurrió en el delito de urbanización ilegal en concurso con prevaricato, debido a que el funcionario no fue a ver ni a constatar la obra y tampoco adelantó acciones administrativas propias para la prevención.
El inspector Alfonso Ramos de León, huía de las autoridades desde el pasado 7 de junio, cuando fueron capturados Wilfran Quiroz Ruiz, constructor y propietario de la edificación; Luis David Quiroz Camero, hijo del dueño del proyecto; y Luis Eduardo Agresor Torres, maestro de obra.
En días anteriores, el alcalde Manuel Vicente Duque le pidió a los dos ex funcionarios de su administración, requeridos por la Fiscalía en el caso Portal de Blas de Lezo II, que se entreguen y den las explicaciones pertinentes a las autoridades.
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