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Más de 200 personas que se presentaron en el 2018 a la convocatoria pública para la elección de jueces y magistrados están denunciando posibles irregularidades del Consejo Superior de la Judicatura por convocar nuevamente a los interesados a practicar las pruebas el próximo 29 de agosto.
Los denunciantes dicen que no sólo se están violando los derechos de más de 1.200 personas que pasaron los exámenes, sino que eso podría generar un detrimento patrimonial o perdidas a la nación de por lo menos 4.000 millones de pesos.
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El acto administrativo que emitió el Consejo Superior de la Judicatura para dejar sin efectos los resultados del concurso dicen que se presentaron algunos yerros en la fase 1 de la convocatoria.
Los denunciantes dicen que no es la primera vez que el alto tribunal dice que se deben repetir las pruebas para corregir supuestos errores y “recalificar el resultado”.
“Se han seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluye temas que no corresponden al cargo evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta, lo que impide que esos ítems cumplan su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida”, dice el acto administrativo emitido por el Consejo Superior para repetir las pruebas.
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Para esa convocatoria, el Consejo Superior de la Judicatura firmó un contrato con la Universidad Nacional por mas de dos mil millones de pesos, el cual ha presentado cinco adiciones y 11 modificaciones de datos desde su firma en el 2017, según los registros de Colombia Licita.
“Realizar el diseño, estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios y dentro de sus obligaciones incluyó la de realizar la lectura óptica y el procesamiento de las hojas de respuestas en las condiciones y características aprobadas por la Unidad de Carrera Judicial y calificar las pruebas presentadas por los aspirantes, suministrando la información técnica a la Unidad de Carrera Judicial”, dice el acto administrativo sobre el contrato.
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Al respecto, la Corte Constitucional decidió escoger una tutela sobre el caso luego de recibir más de 200 quejas de ciudadanos contra el Consejo Superior de la Judicatura y solicitando revisar la posible violación de derechos de quienes ya pasaron las pruebas.
La Corte revisará si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó o no sus competencias y desconoció o no las expectativas de los ciudadanos que aprobaron los exámenes de méritos.
