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La Defensoría del Pueblo aseguró que la seguridad de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- no puede ser solo una cuestión de anuncios mediáticos, los cuales, con el paso de las semanas, son susceptibles de quedar en el olvido.
Cabe mencionar que, en los últimos días, se registró el asesinato del dragoneante Carlos Andrés Sandoval Ortiz en Cúcuta, quien formaba parte del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec.
"El Gobierno colombiano debe concentrar esfuerzos en una revisión profunda de sus políticas y procedimientos, como la asignación de los recursos necesarios, mejorar los protocolos de respuesta a incidentes y la debida coordinación de sus entes para que les sea brindada una mejor seguridad a quienes trabajan en el sistema penitenciario, bajo condiciones adversas contra su vida e integridad en su día a día laboral, en el territorio nacional", enfatizó el defensor, Carlos Camargo.
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Otro punto importante para la Defensoría tiene que ver con las investigaciones sobre los homicidios, amenazas y atentados contra el personal penitenciario.
Lo anterior, requiere un trabajo articulado de la institucionalidad gubernamental para que las respectivas averiguaciones de fondo judiciales arrojen resultados, con la finalidad de que los responsables sean identificados, capturados, llevados a juicio, procesados y condenados.
Según datos oficiales del Ministerio de Justicia, con corte a agosto 2023, al rededor de 63 funcionarios del Inpec han sido asesinados en los últimos siete años en Colombia.
"El preocupante panorama, da cuenta de la vulnerabilidad permanente a la que están expuestos quienes integran el sistema penitenciario y carcelario en el país, lo que, en consecuencia, debe ser motivo de peso para que sean puestas en marcha medidas efectivas y urgentes que propendan por la protección de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en general de todos los trabajadores estatales del Inpec”, agregó Camargo.
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La Defensoría del Pueblo acompañará y apoyará a los servidores públicos del sistema penitenciario en su arriesgada labor, en condiciones adversas contra su vida e integridad, de custodiar los establecimientos de reclusión, cuyo fin es la preservación de los derechos fundamentales de quienes habitan en Colombia.
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