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La Fiscalía General de la Nación declaró como un crimen de lesa humanidad, el asesinato del periodista y destacado promotor de derechos humanos Guzmán Quintero Torres, ocurrido en septiembre de 1999.
El periodista fue asesinado la noche del 16 de septiembre de 1999, en el Hotel “Los Cardones" de Valledupar, mientras que compartía junto a Oscar Ubaldo Martínez y Edgar de la Hoz Anaya.
“El atentado tuvo lugar a las diez y media de la noche cuando un hombre armado, sin mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra el periodista, ocasionándole la muerte de manera instantánea”, señala el expediente judicial.
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Los investigadores lograron identificar a Jorge Eliecer Espinel Vásquez, alias 'El parce' o 'Paicita', como el sicario y a Rodolfo Nelson Rosado, alias' El Pichi', como conductor de la moto en la que huyó el homicida. Ambos fueron integrantes de una banda de sicarios al servicio de grupos paramilitares que operaban en el departamento del Cesar.
La Fiscalía reconoció elementos de sistematicidad y generalidad en el homicidio de Guzmán Quintero Torres, que llevaron a constituir el caso por en un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
De acuerdo con los investigadores como lo registró en su momento la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en 1999 el homicidio de Guzmán Quintero se produjo en un contexto de elevada persecución a periodistas, en donde en muchos casos fueron asesinados.
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Dicha situación fue de tal gravedad que fue necesario reconocer a los periodistas como población en riesgo, por lo cual se creó el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales a través del Decreto 1952 de 2000.
De acuerdo con los registros, los ataques y persecuciones siempre estuvieron acompañados de discursos que alentaron la estigmatización, los cuales fueron promovidos por agentes de la fuerza pública y políticos reconocidos de la región, para intentar silenciar la labor de denuncia emprendida por los comunicadores.
En su momento, el propio Guzmán Quintero denunció que grupos paramilitares delinquieron en Valledupar y en el departamento del Cesar con la colaboración, aquiescencia y apoyo de las autoridades civiles y militares del Batallón la Popa.
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