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Para el 23 de noviembre fue reprogramada la primera audiencia de conciliación extrajudicial entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los constructores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango.
Las pretensiones económicas de la compañía son por 9,9 billones de pesos, al considerar que hubo fallas e irregularidades que derivaron en retrasos y sobrecostos en el proyecto.
La diligencia de conciliación había sido fijada para este 21 de octubre de manera virtual por la pandemia del coronavirus. En su lugar, ese día “se instalarán las mesas de trabajo preliminares”, dirigidas por el procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, según un auto del Ministerio Público.
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En caso de no prosperar el acercamiento entre las partes, EPM continuaría con la demanda. En su momento, esta decisión generó controversia en varios sectores y hasta la renuncia de la Junta Directiva de la empresa, al considerar que fue tomada sin su consentimiento.
¿Qué han dicho los constructores?
A mediados de agosto, el consorcio CCC Ituango le envió una carta al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, en la que le solicitó que retirara “las pretensiones formuladas”.
Argumentó que las labores en la obra “impidieron que se materializara la destrucción de la presa y el proyecto, evitando lo que hubiese sido la peor catástrofe en la historia del país”.
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Cuestionó que si existieran dudas, no se entiende cómo les encomendaron la “ejecución de las actividades de recuperación”.
Según el consorcio, no se puede aceptar que les “indilgue la supuesta responsabilidad no fundada, en la calidad de las obras”, sino por una supuesta falta consistente en no advertir a EPM sobre unos presuntos errores de diseño”, lo que se evidencia en el informe de Skava.
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