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Durante la audiencia pública del proyecto de acuerdo que busca autorizar el cobro de un peaje en la isla de Barú, los nativos de los corregimientos insulares y ciudadanos representantes de varias organizaciones de esa comunidad, manifiestan que la iniciativa es lesiva para la economía domestica de los habitantes de Barú y que carece de planeación; insisten que no es cierto que un porcentaje de los recursos obtenidos se puedan invertir en obras para estas poblaciones, porque de acuerdo a la Ley 105 del 1993, no es posible.
Iván Caraballo, representante de los propietarios de Barú, aseguró que de acuerdo a lo que establece la ley, no están reglamentados los peajes sociales, e insistió que no es correcto que un mandatario instale uno para solucionar un problema social, cuando no posible. Agregó que esa iniciativa busca cumplir un compromiso de campaña.
Por su parte, Jorge Mendoza Diago, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, cuestionó que la Administración Distrital tome decisiones importantes sin el debido sustento técnico. “Es inaceptable que se tome como referencia el peaje de la Variante Mamonal (zona industrial de Cartagena) para calcular la tarifa del peaje de Barú, cuando las vías a intervenir tienen distintas características y por ende los costos del mantenimiento pueden estar absolutamente distantes”.
Frente a la supuesta carencia de un estudio de tráfico y demanda de movilidad que respaldará las proyecciones del peaje, el director del Departamento de valorización, Jorge Marimon Blanco, aseguró que sí existen: “uno es el que presentó una consultoría en 2014 que presentó la operación técnica, la operación financiera y la viabilización operativa, y el otro que lo soporta es el Departamento Administrativo de Transito y Transporte que dice que es viable”.
Ante la preocupación de las comunidades de los corregimientos de Barú, Santa Ana y Ararca por los recursos que prometió la Alcaldía de Cartagena para inversión social, provenientes de la instalación de un futuro peaje en esa zona, Jorge Luis Marimon, director del Departamento Administrativo de Valorización, reiteró que es necesario socializar la propuesta para entender como la población saldrá beneficiada.
En días anteriores, el Centro de Estudios del Trabajo de esta ciudad, reveló que no confía que sea una iniciativa ‘social’, señaló que es falso que las comunidades de Barú, Santa Ana y Ararca recibirán recursos provenientes del recaudo peaje, porque la ley 105 de 1994 y la sentencia C-482 de 1996 de la Corte Constitucional así lo prohíbe, y explicó que el distrito debería buscar otra manera de garantizar los recursos prometidos.
Marimon Blanco reiteró que los artículos 21 y 22 de la ley 105 de 1993, norma que faculta a nivel nacional para la instalación y cobros de peaje, dicen que como mínimo el 50% será destinado para la operación y mantenimiento de la vía, “como está vía ya fue construida, le estamos pidiendo al concejo autorización para su operación y mantenimiento”.
