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El Centro Nacional de Consultoría (CNC), con más de 37 años de experiencia midiendo la opinión pública en Colombia, expresó su profunda preocupación ante la reciente aprobación del Proyecto de Ley No. 569 de 2025, radicado en la Gaceta del Congreso No. 675 de 2024, el cual introduce restricciones severas a la realización y divulgación de encuestas electorales.
La entidad advierte que, en un entorno donde predominan los influencers, las plataformas digitales como TikTok, YouTube, Facebook y cadenas de WhatsApp, esta ley limita la única fuente confiable de información trazable y técnica: las encuestas con ficha técnica.
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Según el CNC, el proyecto de ley presenta ambigüedades graves, restricciones excesivas y posibles violaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a ser elegido, consagrados en los artículos 20 y 40 de la Constitución Política. Asimismo, cuestiona la validez del trámite legislativo, señalando que una ley que regula derechos fundamentales debe ser tramitada como ley estatutaria, lo cual no ocurrió.
Una barrera económica que limita el pluralismo
Uno de los puntos más críticos es el artículo cuarto, que impone márgenes de error y tamaños muestrales técnicamente exigentes (mínimo 2.135 encuestas en hogares a nivel nacional), lo cual excluye a medios regionales y actores sin grandes recursos financieros. Para el CNC, esto limitará severamente la pluralidad informativa, generando un escenario donde solo unos pocos puedan realizar estudios de opinión.
Restricciones temporales que atentan contra el debate democrático
El artículo quinto establece que las encuestas con intención de voto solo podrán realizarse tres meses antes del inicio del periodo de inscripciones, lo cual —según el CNC— afecta gravemente la planificación de campañas, impide el monitoreo de precandidaturas y vulnera el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones con base en información veraz y actualizada.
"Las encuestas le dan poder a la ciudadanía, al restringirlas, se empodera a los políticos y se reduce la voz del pueblo", enfatiza el comunicado.
Ambigüedad legal que favorece a los políticos tradicionales
Otra preocupación se centra en los criterios para incluir nombres en las encuestas, como la “notoriedad pública significativa” o la participación en elecciones previas. Según el CNC, esto discrimina nuevas voces, liderazgos emergentes y opciones alternativas, contradiciendo el principio de igualdad en la participación política.
Amenaza a la autonomía, la privacidad y la libre competencia
El CNC también denuncia que el proyecto pretende regular incluso las encuestas internas no divulgadas, lo cual constituye una intromisión indebida en la estrategia de campañas políticas. Además, la exigencia de entregar registros primarios y códigos computacionales afecta la privacidad, la protección de datos y la libre competencia entre empresas consultoras.
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Un golpe al control ciudadano en municipios apartados
Finalmente, la organización alerta que las restricciones afectan la evaluación ciudadana de gobiernos locales y la posibilidad de conocer su desempeño, especialmente en más de mil municipios donde el control institucional es débil. Esta ley, advierte, silencia la opinión pública justo donde más se necesita el escrutinio democrático.
Conclusión
Para el Centro Nacional de Consultoría, este proyecto de ley debilita la democracia, restringe la participación ciudadana, atenta contra derechos fundamentales y favorece la concentración de poder informativo. Pide al Gobierno, al Congreso y a la Corte Constitucional revisar urgentemente esta normativa, asegurando que cualquier regulación sobre encuestas garantice el pluralismo, la equidad en la contienda y la voz informada de los ciudadanos.
