Caso Hidroituango: embargan cuentas a consorcio encargado de construcción

La Contraloría General de la República emitió un auto el pasado 12 de abril, por medio del cual comenzó a notificar a los constructores del proyecto Hidroeléctrico de Ituango los embargos de sus cuentas.

Las medidas cautelares hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal por el supuesto detrimento patrimonial de 4 billones de pesos como consecuencia de la emergencia en la megaobra.

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De este consorcio hacen parte las empresas Camargo Correa, Conconcreto e Integral, que ha sido la única en recibir la notificación por parte del ente de Control.

El auto, proferido el pasado 12 de abril, la Contraloría ordenó el embargo de trece cuentas bancarias y de doce inmuebles, propiedad de la empresa Integral, que hace parte del consorcio CCCI, encargado de construir el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

La entidad de control le confirmó a este medio que un trámite similar se surtirá con las constructoras Camargo Correa y Conconcreto; sin embargo, solo Integral ha sido notificada.

Esta medida cautelar se tomó como parte del proceso de responsabilidad fiscal por el supuesto detrimento patrimonial de más de cuatro billones de pesos como consecuencia de la emergencia en la megaobra.

Según el auto de siete páginas “las medidas cautelares decretadas en la presente providencia tendrán vigencia por el término que dure el proceso de responsabilidad fiscal. De proferirse fallo con responsabilidad fiscal, las mismas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo”.

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Empresas Públicas de Medellín, propietaria de la obra aclaró que “no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.

El alcalde Daniel Quintero publicó en su cuenta de twitter que “desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios”.

Según el documento expedido por la Contraloría, una vez notificada, la empresa Integral tendrá cinco días para presentar los respectivos recursos de apelación y reposición.