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La Fiscalía General descubrió un nuevo caso de corrupción y capturó a un juez de ejecución de penas de Bogotá, un ingeniero de sistemas de la Rama Judicial y una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, señalados de presuntamente favorecer irregularmente a un narcotraficante.
Los capturados serán procesados por los delitos de acceso abusivo al sistema informático en concurso con daño informático, prevaricato por acción, falsedad en documento público y falsedad material en documento público.
Los fiscales establecieron que en el Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá fue detectada una supuesta manipulación al sistema de reparto, que originó el inicio de una minuciosa investigación penal.
Las pruebas recolectadas y las verificaciones de los técnicos en delitos informáticos, develaron supuestas irregularidades que terminaron por favorecer con prisión domiciliaria y hasta con un permiso para trabajar, a Germán Orlando Espinosa Flórez, un hombre condenado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Según los tres funcionarios detenidos cada uno con roles y obligaciones diferentes, se habrían aliado para que el narcotraficante recibiera los beneficios judiciales, peso a no tener tener derecho a los mismos.
Las evidencias permitieron advertir que, por ejemplo, la funcionaria del ICBF, sin tener competencia para hacerlo, habría expedido una certificación que acreditó una condición especial para que Germán Orlando Espinosa Flórez, pudiera sustentar la petición de prisión domiciliaria.
Por su parte, el ingeniero de la Rama Judicial, supuestamente, alteró el sistema de reparto de los jueces de ejecución de penas de Bogotá, para que la solicitud del narcotraficante quedara en el despacho del juez también detenido por este caso para favorecer a Espinosa Flórez.
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