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La vía Bogotá–Villavicencio continúa cerrada y sin fecha estimada de reapertura tras el deslizamiento ocurrido en el sector de Chipaque, según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El derrumbe afectó el tramo comprendido entre el PR18+300 y el PR18+600, con un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos de material movilizado, de los cuales solo se han retirado 3.200 metros cúbicos hasta la fecha.
El cierre obedece a las fuertes lluvias de la temporada invernal, que han ocasionado múltiples afectaciones en este corredor estratégico para la comunicación entre el centro del país y los Llanos Orientales. Las autoridades confirmaron que no es posible dar una fecha de reapertura, pues las labores de remoción y estabilización aún se encuentran en curso.
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Como alternativa de movilidad, se recomienda el uso de la Transversal del Sisga, vía que conecta Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Sin embargo, esta ruta presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas, lo que limita su uso para transporte pesado.
Durante la jornada más reciente, equipos técnicos de la ANI realizaron una visita al sitio del deslizamiento para verificar el avance de los trabajos. Además, se llevó a cabo un recorrido conjunto con la alcaldía de Chipaque, Corporinoquía, la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, la concesionaria Coviandina, la interventoría y la comunidad, con el fin de evaluar predios afectados y definir medidas de mitigación.
El concesionario adelanta el mejoramiento de un bypass en la zona del derrumbe, lo que permitiría habilitar un paso alterno restringido únicamente a vehículos livianos. Esta medida busca recuperar parcialmente la movilidad mientras avanzan las obras de remoción y estabilización.
En paralelo, se han identificado 38 puntos críticos en el corredor vial, de los cuales 34 están ubicados en Cundinamarca y 4 en el Meta. Estos lugares han sido objeto de intervenciones inmediatas para mitigar riesgos y permitir el avance progresivo de los trabajos.
Para atender los sectores más afectados, la ANI ha suscrito convenios interadministrativos con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) por $40.000 millones, destinados a la atención de puntos prioritarios. Entre ellos se destaca el sector de la quebrada Estaquecá, señalado como uno de los más relevantes por su impacto en la movilidad y en la seguridad de los usuarios.
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Las entidades involucradas reiteraron que se mantienen trabajos coordinados con autoridades locales y organismos de gestión del riesgo para implementar soluciones inmediatas y de mediano plazo, con el objetivo de restablecer la movilidad en este corredor clave para la economía nacional y el abastecimiento de los Llanos Orientales.
