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Al negar la suspensión provisional de la licencia ambiental del proyecto energético de Hidroituango, el Consejo de Estado ordenó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -Anla- entregar un informe pormenorizado de la licencia ambiental que le otorgó a EPM para la construcción de la hidroeléctrica.
La sección primera de la corporación resolvió que la Agencia deberá informar de qué forma se socializó el proyecto con la comunidad, además del manejo del bosque seco y el seguimiento a la licencia ambiental.
Se deben “expedir documentos que certifiquen que los responsables de la obra están cumpliendo con los requisitos técnicos y las exigencias para mitigar el impacto ambiental y socioeconómico, propios de la construcción de la hidroeléctrica, que fueron incluidos en la licencia”, señalan apartes de la sentencia.
La licencia ambiental había sido demanda por 11 organizaciones en representación de la comunidad, alegando que no se les consultó sobre el proyecto y que no se realizaron los estudios previos.
Además, argumentaban que “la ejecución de la mega obra estaba ocasionando el desplazamiento de las comunidades que habitan en las zonas aledañas, la afección de sus derechos a la salud, trabajo, vivienda, acceso a fuentes de agua, salubridad y el probable rompimiento del equilibrio ambiental en la zona”.
Sin embargo, con ponencia del magistrado Roberto Serrato Valdés, el Consejo de Estado consideró que en el trámite de expedición de la licencia no se violó ningún principio legal.
De igual forma, señala que aunque no se desconoce la emergencia provocada por el taponamiento de túneles “la empresa ha tomado medidas exigidas por la autoridad ambiental, para que las comunidades afectadas obtengan alternativas de vivienda, económicas y de recomposición de sus relaciones sociales y culturales”.
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