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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) que representa al gremio de las EPS del régimen contributivo, prendió una nueva alerta sobre la creciente crisis financiera del sistema de salud colombiano.
Así lo manifestó la asociación en las mesas técnicas de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), convocadas por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de los autos 007 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional.
En un informe de Acemi se establece que la Corte ordenó determinar el rezago de la UPC de 2024, revisar el déficit acumulado desde 2021 y definir lineamientos claros para los ajustes ex post, garantizando la participación de todos los actores del sistema.
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“En este contexto, Acemi presentó un análisis técnico sustentado en información pública y metodologías replicables, que advierte sobre la acumulación de deudas, el deterioro patrimonial de las EPS y el riesgo creciente de desfinanciamiento”, sostuvo el gremio.
Desde Acemi agregaron que uno de los puntos más críticos fue la eliminación discrecional de costos reportados por las EPS, en especial aquellos relacionados con pacientes de alto costo y procedimientos complejos.
Según sus cálculos, entre 2021 y 2024 el sistema habría dejado de reconocer $13,4 billones por esta causa, lo que contribuyó a subestimar el valor real de la UPC.
El gremio señaló que la siniestralidad está en aumento y la deuda actuarial está en niveles críticos.
“De acuerdo con la metodología de la Superintendencia Nacional de Salud, la siniestralidad técnica pasó de 100,8% en 2021 a 109,5% en 2024, una tendencia similar a la reportada por la Contraloría, que la ubicó en 110,1% ese mismo año. Este incremento, sumado a los gastos administrativos, ha generado una deuda actuarial de la Nación con el sistema de salud que oscila entre $26,4 y $33,4 billones, debilitando las reservas técnicas de las EPS y aumentando la cartera con prestadores y proveedores”, explicó el análisis.
Otro de los hallazgos se refiere a los medicamentos y tecnologías incluidos en 2023, cuya financiación resultó insuficiente.
“El faltante estimado alcanzó los $511 mil millones, sin considerar costos logísticos y operativos. Acemi criticó que el Ministerio de Salud no publique de manera previa ni transparente las metodologías utilizadas para calcular dichos valores”, sostuvo Acemi.
En ese sentido, recalcaron que también se registra más demanda de servicios y menos capacidad de respuesta.
“La mayor frecuencia de uso de servicios de salud, impulsada por el envejecimiento de la población y el crecimiento de enfermedades crónicas, también fue destacada. Entre 2019 y 2024, las consultas y procedimientos pasaron de 434,7 millones a 548,6 millones, con un aumento anual del 4,7%. Enfermedades como cáncer, diabetes y enfermedad renal crónica han registrado un crecimiento significativo en el mismo periodo”, señaló el documento.
En el marco del informe, Acemi también denunció que el Ministerio de Salud y la Adres negaron el acceso a la base de suficiencia de la UPC, pese a que la información ha sido entregada en el pasado a universidades y centros de investigación.
“Esta negativa limita la posibilidad de realizar un control técnico y riguroso sobre las cifras oficiales y profundiza el clima de desconfianza hacia las instituciones del sistema”, indicó el gremio.
En sus conclusiones, el gremio de las EPS del régimen contributivo advirtió que la subestimación de la UPC por parte del Ministerio de Salud ha profundizado la insuficiencia financiera reconocida por la Corte Constitucional, y que el Estado debe saldar la deuda acumulada con el sistema.
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“El gremio insiste en que las decisiones ideológicas y políticas del Gobierno no pueden seguir bloqueando el ajuste presupuestal requerido, pues detrás de cada cifra hay miles de colombianos que esperan tratamientos, medicamentos y atención”, concluyó Acemi.
