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La Contraloría General de la República está adelantando cuatro procesos de responsabilidad fiscal por $33.404 millones de pesos contra funcionarios públicos del departamento de Casanare, tras haber descubierto nueve 'elefantes blancos' u obras inconclusas en esta sección del país.
Según reveló el organismo de control, "el más cuantioso de todos es un proceso iniciado el 22 de enero de este año por $25.959 millones, por irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena".
La obra, aunque fue terminada, no se encuentra en funcionamiento y no presta el uso para el cual fue construida. Por tanto, se decidió abrir un proceso fiscal en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare, contra el secretario privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Esta medida cobija además a Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época.
Otra de las obras inconclusas por las cuales el organismo de control decidió abrir un proceso fiscal fue un megacolegio, con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo.
Sin embargo, se ha convertido en otro de los 'elefantes blancos' que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare. "En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras", señala la Contraloría.
En este caso figura como presunto responsable Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
"También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente", reveló el organismo de control. En este caso el proceso fiscal es por $6.392 millones.
Agua potable
Un tercer proyecto en la mira de la Contraloría es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la gobernación del departamento de Casanare.
"En este caso, la Contraloría General adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López", indico el organismo.
Además se abrió un proceso fiscal por la construcción de 40 viviendas de interés social, en el municipio de Villanueva, donde "no hay ni una sola piedra de construcción".
Los presuntos responsables de este caso son la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América (CASAS) y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
