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Dentro de una semana entrará en vigencia en la ciudad de Bogotá un decreto con el que se obliga a las ambulancias públicas y privadas estar conectadas a un sistema coordinado por un Centro Regulador de Urgencias. Con esto, la Secretaría de Salud espera darle fin a los diferentes problemas que cada día son denunciados por los pacientes, en especial la llamada 'Guerra del Soat'.
En la capital las ambulancias cobran entre $60.000 y $70.000 por cada paciente accidentado en la vía que es remitido a un centro hospitalario. Esta situación llevaría a los operadores a diferentes disputas para quedarse con este dinero.
Para ello harían uso de cualquier estrategia. Según denuncias de los mismos trabajadores, en algunos casos retienen los documentos de los pacientes, e incluso a ellos mismos en contra de su voluntad. Pero lo que resulta más preocupante es que maquillan los diagnósticos, haciendo pasar cualquier lesión como un trauma craneoencefálico, trauma de tórax o fractura.
El negocio ha provocado todo tipo de riña, llevando a los tripulantes a pelear con arma blanca contra operarios de otras ambulancias. A esto se suman otros inconvenientes como el exceso de velocidad e imprudencia en la vía, factores que han provocado accidentes.
Con el nuevo decreto se pretende terminar de una vez por todas con estos problemas, ya que cada ambulancia será coordinada desde el Centro Regulador de Urgencias, desde el cual se tendrá control de los vehículos.
Así lo explicó Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud: "Nos permite saber dónde están ubicadas, a que velocidad van, dónde se dirige y orientarlos para la atención de los pacientes".
Todas las ambulancias deberán contar con un sistema de GPS y tendrán un plazo de 6 meses para acogerse al decreto. Una vez terminado este tiempo, las autoridades procederán a imponer multas e inmovilizaciones a los infractores.
