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La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir ante lo que califican como un intento de criminalizar la protesta social en Colombia.
La petición surge luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentara una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su respaldo va los bloqueos ocurridos durante el paro nacional del 28 y 29 de mayo.
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“Radicamos una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, con base a las recomendaciones de la misión de verificación que hizo en el año 2021 para salvaguardar el derecho a la manifestación ciudadana y la protesta social en Colombia”, señaló la cabildante para RCN Radio.
La acusación, interpuesta a través de TransMilenio S.A., se refiere a las declaraciones de Fabio Arias en un “cabildo popular” el pasado 30 de mayo, donde expresó su apoyo a las manifestaciones sindicales que incluyeron bloqueos en algunos puntos de la ciudad.
“Le solicite al Estado colombiano que inste al alcalde mayor de Bogotá a no criminalizar la protesta social, esto teniendo en cuenta que la denuncia penal en contra de Fabio Arias constituye una criminalización a la protesta ciudadana”, agregó.
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Para Sánchez esta denuncia representa un retroceso en materia de libertades democráticas. Tanto la concejala como el colectivo de abogados recordaron que la Corte Constitucional, en la sentencia C-009 de 2018, reconoció que los bloqueos temporales en el marco de protestas pacíficas son formas legítimas de expresión ciudadana y no deben ser criminalizados.
Además, enfatizaron que la molestia causada por este tipo de acciones no justifica su represión, pues la democracia exige un margen de tolerancia ante el uso temporal del espacio público con fines de reivindicación social.
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La CIDH, en su informe tras la visita a Colombia en 2021, dice la concejal, ya había advertido sobre el riesgo de utilizar el derecho penal como herramienta para sancionar la protesta y llamó a los Estados a proteger los derechos de reunión, expresión y asociación.
También solicitaron que se informe públicamente sobre el proceso judicial en contra de Fabio Arias y se reiteren los estándares internacionales en materia de libertad sindical y derecho a la protesta.
