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Las jornadas del paro nacional convocadas para el 28 y 29 de mayo de 2025 han generado controversia en Bogotá, especialmente por los bloqueos promovidos por sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de la campaña por la consulta popular que busca impulsar varias reformas.
En ese contexto, las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazando los bloqueos y anunciando una denuncia contra sus promotores, fueron respaldadas por algunos sectores políticos y criticadas por otros. Los concejales Cristina Calderón y José Cuesta Novoa ofrecieron visiones opuestas en opiniones cruzadas de RCN Radio.
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La concejal Cristina Calderón expresó su total respaldo a la postura del alcalde Galán, calificando como "ilegales" las acciones convocadas por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias. Según Calderón, la convocatoria a bloquear vías públicas podría configurar una violación al artículo 353 del Código Penal, que sanciona la obstrucción de vías que afecten el orden público.
“Este señor estaba llamando a cometer delitos penales en este país. Está violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el derecho a circular libremente, el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, al descanso y, sobre todo, el derecho a la educación”, aseguró Calderón.
La concejal agregó que los bloqueos impidieron el acceso de una ambulancia con un paciente, lo que, a su juicio, constituye una violación al derecho internacional humanitario. También denunció que más de dos millones de personas se vieron directamente afectadas en su movilidad durante las jornadas del paro.
En contraste, el concejal José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, defendió la legitimidad de las acciones convocadas por la CUT y criticó la respuesta del alcalde Galán. Cuesta afirmó que los cabildos populares realizados en varias localidades de Bogotá, incluyendo Bosa, Usme, Suba y Kennedy, fueron una expresión pacífica del derecho a la protesta.
“Responsabilizo al alcalde Carlos Fernando Galán por los desmanes y la violación a los derechos fundamentales de los manifestantes que estaban ejerciendo la protesta pacífica. El presidente de la República, como jefe de Estado y comandante supremo de la fuerza pública, había ordenado proteger a los manifestantes, y el alcalde actuó en contravía de esa directriz”, indicó Cuesta.
El concejal también citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las protestas del estallido social de 2021, donde —según él— se reconoce la figura del “bloqueo transitorio” como parte legítima del derecho a la protesta, siempre que se respeten estándares humanitarios.
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Frente al señalamiento sobre el número reducido de manifestantes, Cuesta sostuvo que las manifestaciones del 28 y 29 de mayo no fueron concentraciones masivas como las del 1 de mayo, sino acciones localizadas bajo el formato de paro nacional territorializado.
“No se puede evaluar la convocatoria del paro con las mismas categorías de una marcha centralizada. El paro fue exitoso en los barrios, en las esquinas, en los combos. Hubo cabildos con estudiantes del Sena y trabajadores en empresas de hasta 600 personas”, explicó.
Debate sobre el impacto ciudadano y la percepción pública
Cristina Calderón también se refirió al impacto que estas manifestaciones están teniendo en la percepción ciudadana, argumentando que existe un cansancio generalizado frente a las marchas, especialmente cuando terminan afectando derechos fundamentales de la mayoría de ciudadanos.
“La mayoría de los bogotanos no participan en estas marchas. El 77% de las movilizaciones son por temas de carácter nacional, lo que demuestra que hay inconformidad con el gobierno, no con la ciudad. La gente está aburrida de que bloqueen el trabajo, la movilidad y la educación. Esto ya no lo aguantan más”, sostuvo la concejal.
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Sobre esto, Cuesta replicó que las movilizaciones respondieron a decisiones recientes del Congreso, como el hundimiento de la reforma laboral y la consulta popular promovida por el gobierno, así como la negativa a reducir los salarios de los congresistas. En ese contexto, insistió en que el Senado está actuando “como una corporación política autocrática”.
“La gente está indignada con el Congreso, que tumba la consulta, la reforma laboral y protege sus privilegios. Si creen que no vamos a conseguir los votos para la consulta, ¿por qué tanto interés en cerrarle el paso?”, afirmó Cuesta.
Finalmente, Calderón enfatizó en la necesidad de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad en el malestar ciudadano, dejando atrás los discursos y enfocándose en acciones concretas. “Este gobierno llegó con el discurso del cambio, pero hasta ahora no ha cambiado nada. En salud, nos devolvieron a los años 80. Lo que necesitamos es que gobiernen, no que sigan en campaña”, concluyó.
La polarización entre ambos concejales refleja el clima político en torno a las reformas sociales impulsadas por el presidente Petro, el rol del Congreso y la forma en que las protestas son entendidas y manejadas desde las administraciones locales y el gobierno nacional.
