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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó a las Naciones Unidas que presente evidencia concreta sobre la alarmante afirmación de que hay 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Esta declaración surge en respuesta a un informe preliminar del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que ha generado gran preocupación en la sociedad colombiana y en las autoridades locales.
Galán enfatizó la gravedad de la situación, indicando que "necesitamos que las Naciones Unidas presente el sustento para afirmar esa situación en el aeropuerto (…) es algo muy grave". Hasta el momento, ninguna autoridad colombiana tiene información que confirme la existencia de estos cuerpos, lo que ha llevado a la Alcaldía a desmentir el reporte.
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La consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, Isabelita Mercado, también se pronunció al respecto, afirmando que no se han encontrado indicios que respalden la existencia de un hangar con las características descritas en el informe de la ONU. Según Mercado, "hasta el momento, no tenemos registros que respalden esta afirmación", lo que pone en entredicho la veracidad de las declaraciones del Comité.
Para esclarecer la situación, la Alcaldía de Bogotá ha solicitado formalmente información a varias entidades, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Cancillería. Estas gestiones están destinadas a contrastar los datos del informe y verificar su autenticidad.
En respuesta a las inquietudes generadas por el informe, Vivian Kwok, encargada de prensa del Centro de Prensa de la ONU, aclaró que los miembros del Comité de Desaparición Forzada no son funcionarios de la organización.
”Tenga en cuenta que el Comité contra las Desapariciones Forzadas es un órgano de supervisión formado por expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo”, afirmó Kwok en un correo electrónico.
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La revelación del Comité causó un gran revuelo en el ámbito público y político, y las autoridades de Bogotá están bajo presión para aclarar esta situación. La falta de pruebas concretas que respalden el informe de la ONU ha llevado a las autoridades locales a actuar con cautela, y se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre este asunto preocupante.
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