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Cuando apenas era una niña Yirley Velasco fue abusada sexualmente por varios paramilitares en una de las peores masacres ocurridas en Colombia. La violencia acabó de golpe con su infancia y la dejó desgarrada durante años. Solo se recuperó alentando a otras víctimas y ejerciendo un amedrantado liderazgo.
Víctima de la matanza de El Salado, en la que más de un centenar de personas fueron asesinadas en el año 2000 en el caribeño departamento de Bolívar, a Velasco le ha tomado dos décadas recuperar su voz pero todos los días teme que quienes la han amenazado incontables veces se la arrebaten en un santiamén.
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"Es la primera vez que digo esto pero siento que mi vida está en un peligro inminente, siento que me van a matar", advierte en una entrevista con Efe al denunciar que las amenazas en su contra no cesan y que por la revictimización que ha sufrido en los últimos dos meses se siente más desprotegida que nunca.
TROFEO DE LOS GRUPOS ARMADOS
Su cuerpo, como el de centenares de mujeres colombianas, fue utilizado como arma de guerra y, según advierte, uno de sus grandes temores es que los grupos armados las siguen usando como trofeos del conflicto, lo que agrava la estigmatización de la que ya son víctimas.
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"Muchas mujeres me dicen: '¿qué nos espera a nosotras?'", lamenta sobre las agresiones que sigue sufriendo después de 20 años de lucha. La justicia, dice, todavía tiene una deuda sin saldar con ella y otras mujeres por lo que le reclama al Estado las veces en las que ha tenido en poco sus denuncias.
El precio de defender a quienes han padecido los vejámenes sexuales relacionados con el conflicto armado ha sido su propia vida. El riesgo es tan extremo que no puede vivir con su familia y a donde va la acompañan dos escoltas que hacen parte del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.
"Me ha tocado salir del territorio, me ha tocado salir de Los Montes de María porque las amenazas continúan, (es) una persecución día a día", advierte la representante de la Asociación Mujeres Sembrando Vida en la que acompaña 280 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por paramilitares e integrantes de la fuerza pública.
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TEMOR Y TEMBLOR
Las sentencias de muerte con las que viven cientos de defensores de derechos humanos en el país se las toma en serio y sabe que son de temer. En los primeros cinco meses de 2021 han sido asesinadas 11 lideresas en Colombia, según un informe publicado este semana por la organización Sisma Mujer.
Velasco ha recibido este año cinco amenazas de muerte a través de llamadas, mensajes de texto y panfletos, todas ellos con lenguaje machista contra su integridad, pese a que el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar el alto riesgo que corría junto con su núcleo familiar.
Las amenazas son efectivas y han logrado silenciar a otros líderes, así como imponer el miedo en la convulsa región de Los Montes de María, donde ejerce su labor. "Han logrado silenciar el territorio, hay mucha gente en la comunidad que tiene miedo a que nos sigan tratando mal, miedo a que no nos crean, entonces no se atreven a denunciar", reclama.
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CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN
La hermana de Velasco fue detenida en marzo pasado y acusada por las autoridades del país de ser la presunta responsable, junto a otra persona, de las amenazas que recibieron varios líderes sociales de El Salado. Según trascendió en medios locales, la mujer habría hecho esto para que a Yirley no le fuera retirado su esquema de seguridad.
La Fiscalía General reveló que "los mensajes (amenazantes) compartidos vía celular salieron de líneas telefónicas y equipos usados por estas dos personas", así como "estableció que los panfletos con logos y alusiones a un supuesto grupo armado denominado 'Águilas Negras' habrían sido impresos en la casa de uno de los indiciados".
"Yo nunca en la vida me autoamenazaría (...) a mí no me interesa un esquema de seguridad porque no estoy acostumbrada a eso", responde Yirley sin referirse directamente al proceso judicial y hace un llamado al Estado, al que no ve como un enemigo, para que no estigmatice más a las lideresas.
Para ella un carro blindado, un chaleco antibalas y dos escoltas armados no son garantías de seguridad. Del Estado espera atención integral con oportunidades sociales para no tener que separarse de sus hijos ni dormir cada noche en lugares diferentes, para que sus vecinos no vivan con el miedo de terminar siendo víctimas si algún día a ella le hacen un atentado.
