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La discusión sobre la ley de sometimiento de organizaciones criminales volvió a evidenciar las diferencias entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático frente a la estrategia de seguridad y justicia para Colombia. Durante un debate en la sección Rounds FM de La FM, los senadores Isabel Zuleta y Hernán Cadavid expusieron sus posiciones sobre los mecanismos que debería implementar el Estado para desmantelar estructuras ilegales y establecer condiciones para que sus integrantes respondan ante la justicia.
Mientras Zuleta defendió la necesidad de una normativa que permita el sometimiento colectivo de las organizaciones y garantice que sus máximos responsables también sean incluidos, Cadavid respaldó un modelo con condiciones más estrictas y beneficios judiciales limitados. Las diferencias se concentraron en la aplicación de la Ley 1908, la participación de los jueces y fiscales, el tratamiento de los menores reclutados y los posibles beneficios para terceros vinculados con el lavado de activos.
Los alcances de la ley de sometimiento
La senadora del Pacto Histórico sostuvo que Colombia necesita una ley de sometimiento, pero advirtió que la propuesta debe garantizar el desmantelamiento integral de las estructuras criminales, en lugar de concentrarse únicamente en sus integrantes de menor rango.
Para Zuleta, uno de los principales problemas del proyecto es que no contempla de manera suficiente a los máximos responsables ni a los mandos medios de las organizaciones. Según explicó, excluirlos podría facilitar la continuidad de las estructuras y poner en riesgo a quienes decidan abandonar las actividades ilegales.
“Necesitamos que estén también los altos mandos y los mandos medios, porque si no, esos mismos mandos van a matar a los rasos”, afirmó.
La congresista también cuestionó el tratamiento previsto para los colaboradores vinculados con el lavado de activos y el testaferrato. En particular, expresó preocupación por el aumento de uno a tres años en el tiempo de pena mencionado para que ciertos terceros puedan acceder a beneficios de libertad.
"Asimismo, tenemos nuestras diferencias con el tratamiento de los niños como parte de la violencia y parte de las estructuras; para nosotros las niñas y los niños son víctimas, nada más", afirmó.
Otro de sus reparos está relacionado con la definición de terrorismo y la posibilidad de que el Gobierno tenga influencia en esa clasificación. Zuleta advirtió que estos criterios no deberían quedar sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo y pidió diferenciar los instrumentos de sometimiento de la ley de orden público.
Condiciones más estrictas para los criminales
Por su parte, el senador del Centro Democrático defendió la iniciativa al considerar que representa un cambio frente a los beneficios que, según su interpretación, se concedieron durante la política de paz total del gobierno anterior.
Cadavid aseguró que la propuesta establece condiciones más exigentes para los integrantes de las organizaciones criminales y busca evitar que los cabecillas obtengan ventajas sin cumplir los requisitos fijados por el Estado.
“No se negocia la libertad, ni las órdenes de captura, ni la extradición”, señaló al explicar los principios que, a su juicio, diferencian el nuevo modelo.
El congresista también destacó que los beneficios no dependerían de la decisión discrecional de un funcionario administrativo, sino de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante jueces de la República. Según indicó, este mecanismo permitiría someter las solicitudes a controles judiciales.
"No será un funcionario administrativo con una prerrogativa amplia, por allá oculto en una oficina; serán jueces de la República, fiscales de la República y la presencia de la Defensoría del Pueblo", declaró.
Frente a las críticas por el tratamiento de los menores, Cadavid aseguró que los reclutadores de niños menores de 14 años quedarían excluidos de los beneficios contemplados en la norma. Asimismo, defendió el aumento de uno a tres años en el tiempo de pena previsto para determinados terceros vinculados con el testaferrato.
Ley 1908 y discrecionalidad del Gobierno, en el centro del debate
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la reactivación de disposiciones de la Ley 1908. Zuleta manifestó que está de acuerdo con el levantamiento de órdenes de captura cuando corresponda, pero insistió en que estos procedimientos deben realizarse de manera transparente y con reglas claras.
"En la Ley 1908, al activarse, sí hay levantamiento de órdenes de captura, aspecto con el que nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. Lo que no queremos es que el nuevo gobierno lo haga por la puerta de atrás, sino que lo haga de frente", expresó.
También cuestionó que el proyecto no establezca un plazo límite para el acceso de los posibles beneficiarios, pues recordó que otros mecanismos de sometimiento han contemplado términos específicos.
Cadavid, en contraste, sostuvo que la propuesta busca devolver al Estado el control de las condiciones de negociación y evitar que los grupos ilegales impongan sus exigencias.
“Ustedes no son los que ponen las condiciones; es el Estado colombiano con fiscales y jueces de la República”, afirmó.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué propone la ley de sometimiento de organizaciones criminales en Colombia?
La propuesta busca establecer mecanismos para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo condiciones definidas por el Estado. Durante el debate en Rounds FM de La FM, los senadores Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expusieron sus diferencias sobre el alcance de la norma, los beneficios judiciales y las condiciones necesarias para lograr el desmantelamiento de las estructuras ilegales.
¿Por qué Isabel Zuleta pide incluir a los máximos responsables de las organizaciones criminales?
La senadora del Pacto Histórico sostuvo que la ley debe contemplar a los altos mandos y mandos medios, además de los integrantes de menor rango. Según explicó, excluir a los principales responsables podría facilitar la continuidad de las estructuras criminales y poner en peligro a quienes abandonen las actividades ilegales. Por eso, defendió un modelo que permita el desmantelamiento integral de las organizaciones.
¿Qué dijo Isabel Zuleta sobre los menores reclutados por organizaciones criminales?
Zuleta afirmó que las niñas y los niños deben ser considerados víctimas del reclutamiento y de la violencia, y no simplemente integrantes de las estructuras criminales. Durante el debate, manifestó sus diferencias con el tratamiento previsto para los menores dentro de la propuesta y pidió que la normativa reconozca su condición de víctimas.
¿Qué condiciones para los criminales defiende Hernán Cadavid?
El senador del Centro Democrático respaldó un modelo con condiciones más estrictas y beneficios judiciales limitados. Según su interpretación, la propuesta busca evitar que los cabecillas obtengan ventajas sin cumplir los requisitos establecidos por el Estado. Cadavid sostuvo que no se negociarían la libertad, las órdenes de captura ni la extradición, y defendió la intervención de fiscales y jueces en los procedimientos.
¿Qué papel tendrían los jueces y la Fiscalía en la ley de sometimiento?
De acuerdo con Cadavid, las solicitudes y los beneficios previstos en la propuesta estarían sujetos a actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante jueces de la República. El senador señaló que este mecanismo permitiría someter las decisiones a controles judiciales, con participación de la Defensoría del Pueblo, en lugar de dejarlas exclusivamente en manos de funcionarios administrativos.
¿Qué diferencias existen sobre los beneficios para terceros vinculados con el lavado de activos y el testaferrato?
Zuleta expresó preocupación por el aumento de uno a tres años de pena mencionado para que determinados terceros vinculados con el lavado de activos y el testaferrato puedan acceder a beneficios de libertad. Cadavid, por su parte, defendió ese incremento como parte de un modelo más exigente. La discusión se centró en las condiciones que deberían cumplir estas personas para acceder a los beneficios contemplados en la norma.
¿Qué relación tiene la Ley 1908 con el debate sobre el sometimiento criminal?
La Ley 1908 fue uno de los puntos centrales de la discusión, especialmente por las disposiciones relacionadas con el levantamiento de órdenes de captura. Zuleta manifestó estar de acuerdo con esos procedimientos cuando correspondan, pero pidió que se realicen de manera transparente y con reglas claras. También cuestionó la ausencia de un plazo límite para acceder a determinados beneficios. Cadavid sostuvo que la propuesta busca fortalecer el control del Estado y evitar que las organizaciones ilegales impongan las condiciones de su sometimiento.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
