La FM en Google News
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, protagonizó una controversia con la defensora del pueblo, Iris Marín, luego de divulgar videos relacionados con las audiencias de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria le solicitó retractarse al considerar que había presentado de manera inexacta la actuación judicial de la magistrada Julieta Lemaitre.
En entrevista con La FM, la congresista rechazó esa petición y defendió sus publicaciones como parte de sus funciones legislativas. Además, cuestionó el cumplimiento de los compromisos económicos de las antiguas FARC, especialmente en lo relacionado con la entrega de bienes para reparar a las víctimas del conflicto armado, y señaló lo que considera un trato desigual frente a los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a la justicia transicional.
María Clara Posada se niega a retractarse ante la defensora del pueblo
La senadora aseguró que no atenderá la solicitud de retractación presentada por Iris Marín, pues considera que sus actuaciones están amparadas por las facultades constitucionales de los congresistas. Según explicó, la defensora le envió una comunicación en la que cuestionaba la manera en que había expuesto la actuación judicial de Lemaitre.
Frente a este requerimiento, Posada sostuvo que divulgar información y cuestionar las decisiones de la JEP hace parte de su labor de vigilancia institucional. En ese sentido, advirtió sobre las implicaciones que, a su juicio, tendría la intervención de la defensora del pueblo en sus pronunciamientos políticos.
“Nosotros estamos ejerciendo el control político”, afirmó la congresista, al insistir en que esta función está contemplada en la Constitución y en la Ley Quinta, que regula el funcionamiento del Congreso.
Asimismo, calificó la solicitud como un riesgo institucional y cuestionó que la defensora pretendiera exigirle una retractación por sus posiciones. La controversia se produce en medio del debate sobre el papel de la JEP y el tratamiento judicial que reciben los antiguos integrantes de las FARC y los miembros de la Fuerza Pública.
Las cifras de las FARC que expuso la senadora
Uno de los principales argumentos de Posada se centró en las finanzas de las antiguas FARC. Durante la entrevista, citó un informe de la Fiscalía y del Ejército, según el cual la organización habría registrado ingresos por 19,2 billones de pesos entre 1995 y 2015, frente a gastos de 5,9 billones de pesos.
De acuerdo con las cifras presentadas por la senadora, la diferencia entre ambos valores representaría una fortuna líquida de 13,3 billones de pesos. A partir de estos datos, cuestionó el destino de esos recursos y planteó interrogantes sobre la financiación de la defensa jurídica de los excombatientes.
“La pregunta entonces es, no solo dónde está ese dinero, sino por qué los colombianos les estamos pagando la defensa jurídica a un grupo que tiene hoy todos los recursos para asumirla”, manifestó.
La congresista también citó un informe de la Contraloría relacionado con la entrega de bienes comprometidos por las antiguas FARC. Según expuso, la organización habría entregado 46.194 millones de pesos y dejado pendientes cerca del 82 % de los bienes inmuebles y el 97 % de los bienes muebles comprometidos.
Con base en estos señalamientos, Posada cuestionó la actuación de los organismos de control y reclamó mayor rigurosidad frente al presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz. Las cifras y acusaciones mencionadas también corresponden a lo expuesto por la senadora.
Posada denuncia un trato desigual entre militares y excomandantes de las FARC
La congresista vinculó estos cuestionamientos con lo que considera una diferencia en el tratamiento judicial de los antiguos integrantes de las FARC y los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP.
Según Posada, mientras los militares enfrentan exigencias estrictas y posibles condenas de hasta 20 años de prisión si no confiesan determinadas conductas, existiría mayor flexibilidad frente a los incumplimientos atribuidos a antiguos comandantes guerrilleros.
“Vemos una exigencia y una rigurosidad implacable con los miembros de la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que cuestionó lo que describió como conductas laxas frente a los compromisos económicos de los exintegrantes del Secretariado de las FARC.
En consecuencia, preguntó por qué la Defensoría del Pueblo no habría promovido un incidente para que los responsables de los incumplimientos señalados fueran expulsados de la JEP.
Posada anunció que continuará impulsando un proyecto de acto legislativo orientado, según explicó, a restablecer las garantías de los integrantes de la Fuerza Pública. La iniciativa, afirmó, busca corregir lo que considera un desequilibrio en el tratamiento judicial de los militares.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Por qué María Clara Posada se niega a retractarse ante Iris Marín?
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, rechazó la solicitud de retractación de la defensora del pueblo, Iris Marín, por sus publicaciones sobre las audiencias de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La congresista argumentó que divulgar información y cuestionar las actuaciones judiciales hace parte de sus funciones de control político, contempladas en la Constitución y la Ley Quinta.
¿Qué cuestionó Iris Marín sobre las publicaciones de María Clara Posada?
Según lo expuesto en la entrevista, la defensora del pueblo le envió una comunicación a Posada en la que cuestionó la manera en que presentó la actuación judicial de la magistrada Julieta Lemaitre. Por este motivo, solicitó que se retractara. La senadora rechazó el requerimiento y advirtió sobre lo que considera un riesgo institucional para el ejercicio del control político de los congresistas.
¿Cuánto dinero habrían recibido las antiguas FARC entre 1995 y 2015, según Posada?
Durante la entrevista con La FM, la senadora citó un informe de la Fiscalía y el Ejército, según el cual las antiguas FARC habrían registrado ingresos por 19,2 billones de pesos entre 1995 y 2015, frente a gastos de 5,9 billones. Posada señaló que la diferencia equivaldría a una fortuna líquida de 13,3 billones de pesos y cuestionó el destino de esos recursos. Estas cifras fueron presentadas por la congresista durante la entrevista.
¿Qué dijo María Clara Posada sobre la entrega de bienes de las FARC para reparar a las víctimas?
La congresista citó un informe de la Contraloría según el cual las antiguas FARC habrían entregado bienes por 46.194 millones de pesos y mantenido pendientes cerca del 82 % de los bienes inmuebles y el 97 % de los bienes muebles comprometidos. A partir de esos datos, cuestionó el cumplimiento de las obligaciones económicas relacionadas con la reparación de las víctimas del conflicto armado y reclamó mayor rigor de los organismos de control.
¿Por qué Posada cuestiona el pago de la defensa jurídica de los excombatientes?
La senadora planteó interrogantes sobre el uso de recursos públicos para financiar la defensa jurídica de antiguos integrantes de las FARC. Su argumento es que, si la organización contó con los recursos económicos que menciona, debería explicarse por qué los colombianos deben asumir esos costos. Se trata de un cuestionamiento formulado por Posada durante la entrevista, basado en las cifras que expuso sobre las finanzas de la antigua guerrilla.
¿Qué denunció Posada sobre el trato de la JEP a militares y exintegrantes de las FARC?
Posada afirmó que existe un trato desigual entre los integrantes de la Fuerza Pública y los antiguos comandantes de las FARC ante la justicia transicional. Según la senadora, los militares afrontan exigencias estrictas y posibles condenas de hasta 20 años de prisión si no confiesan determinadas conductas, mientras que, a su juicio, habría mayor flexibilidad frente a los incumplimientos económicos atribuidos a exintegrantes del Secretariado de las FARC.
¿Qué proyecto anunció María Clara Posada para los integrantes de la Fuerza Pública?
La senadora anunció que continuará impulsando un proyecto de acto legislativo que, según explicó, busca restablecer las garantías de los integrantes de la Fuerza Pública. La iniciativa pretende corregir lo que considera un desequilibrio en el tratamiento judicial de los militares frente a los antiguos integrantes de las FARC dentro del sistema de justicia transicional.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
