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Ante la decisión de 16 exparamilitares, entre ellos, Salvatore Mancuso, de suspender su gestoría de Paz, al argumentar reiterados incumplimientos de los compromisos, por parte por parte la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Misael Delgado, víctima del conflicto y Defensor de Derechos Humanos en el Atlántico, señaló que estos exlíderes deben continuar con la misión encomendada de la reconciliación, de la justicia y de la paz.
Así como en favor de los afectados, pero además, aseveró que deben demostrar en qué consiste estas faltas. "Al señor Salvatore Mancuso, él tiene la obligación y la responsabilidad con las otras 15 personas, con los otros 15 jefes paramilitares, en demostrar que Otty Patiño y funcionarios de este Gobierno, los que están impidiendo que no se avance en la paz estable y duradera; que son ellos, quienes están impidiendo al acceso a la justicia, tienen que demostrarlo".
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Por su parte, María Correa, defensora de Derechos Humanos, calificó esta situación como "negativa", por el impacto que tendrá para alcanzar la verdad, justicia y reparación entre las víctimas del conflicto armado por parte de este grupo en el país.
"Esto va a impactar porque de alguna manera eran frentes de conflicto que estaban apaciguados y que nuevamente resurge esa conflictividad, la cual, va a repercutir en el clima que el Gobierno está buscando con estos nuevos actores de las nuevas violencias que estamos viviendo en la ciudad", aseguró Correa.
No descartan que esta situación genere dificultades y pérdida de confianza, así como de credibilidad en todo este proceso de paz.
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En un video que publicó Mancuso en su cuenta de X, expresó la inconformidad existente por parte de los exparamilitares, señalando que, las designaciones conferidas por el Gobierno como gestores de paz, se convirtieron, en la práctica, en un acto simbólico.
"La OCCP jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política, por parte de dicha oficina, han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras gestorías de forma eficiente y digna”.
