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Dieciséis exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, anunciaron su decisión de suspender sus funciones como gestores de paz.
La medida se comunicó a través de una extensa carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que denunciaron múltiples incumplimientos por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y solicitaron un canal directo de comunicación con el jefe de Estado.
“Hay un enemigo interno en La Paz Total”, afirmaron los firmantes, quienes declararon también el rompimiento de toda relación con la OACP.
En el documento, indicaron que la decisión “obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la OCCP”, y señalaron que sus designaciones se convirtieron en un acto simbólico sin respaldo institucional.
En la carta, denunciaron dilaciones, falta de transparencia y una “abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas”. Según los excomandantes, esta situación les impidió continuar su labor de manera “eficiente y digna”.
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Uno de los principales reclamos se centró en una reunión del 4 de mayo de 2024, en la que pactaron con representantes de la OACP la instalación de una mesa de cierre del proceso de Ralito, con fecha límite del 4 de junio. Sin embargo, aseguraron que no solo se incumplió el plazo, sino que también cambió unilateralmente el enfoque del proceso y negó públicamente la existencia de la mesa, en contradicción con anuncios previos del presidente Petro.
“Esta conducta, documentada y contrastable, demuestra que la parálisis del proceso no obedece a caprichos nuestros sino a la falta de congruencia y abierta insubordinación de la OACP”, afirmaron.
Los exjefes criticaron además la falta de coordinación y apoyo institucional. Desde su designación en noviembre de 2024, aseguraron haber cumplido todas las instrucciones, pero denunciaron que la Oficina no convocó mesas técnicas ni asignó recursos.
A solo un mes del fin de sus funciones, se les pidió entregar planes de trabajo que no correspondían con los tiempos pactados.
También señalaron como hecho grave la cancelación unilateral de una reunión plenaria con exjefes de las AUC, autorizada por el INPEC. Según el comunicado, la OACP no presentó justificación técnica, jurídica ni de seguridad.
Finalmente, advirtieron sobre un intento de deslegitimar el proceso de Ralito, afirmando que algunos funcionarios de la OACP les dijeron que “la negociación de Ralito nunca existió”.
Pese a todo, expresaron su voluntad de continuar trabajando por la paz: “Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz de nuestro país”.
