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En el Senado de la República se adelantó un debate de control político sobre la mala utilización de los vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en donde fueron transportados miembros de las disidencias de las Farc que tenían órdenes de captura vigente.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, dejó claro que los escoltas que conducían las camionetas no son responsables de estos hechos.
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Rodríguez explicó que los hombres de protección no tienen facultades de policía judicial para requisar a las personas que se suben en los carros de la entidad y mucho menos para verificar quienes tienen o no órdenes de captura vigente.
“Pero aquí hubo alguien que infringió los protocolos y esos fueron los protegidos. Los protegidos subieron personas que no han debido subir, está prohibido, infringieron ese acuerdo que habían hecho con la oficina del comisionado de paz”, indicó.
Insistió en que los escoltas no tienen las herramientas suficientes para determinar si alguna de las personas que se sube al vehículo es requerido por las autoridades judiciales competentes.
“No pueden requisarlos, no tienen funciones de policía judicial, o pueden pedirles las cédulas a los que se están subiendo; están en inferioridad. La presión es manifiesta en el terreno, al no tener funciones de policía judicial no pueden cotejar si tienen órdenes de captura, o si los pide algún juzgado o si tiene procesos vivos, estamos en una situación compleja”, añadió.
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El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, afirmó que se tomaron los correctivos para evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a presentarse. Según el funcionario, este episodio se registró porque los disidentes alegaron una situación de riesgo extraordinaria.
“Ellos alegaron una situación de riesgo extraordinaria, pero los primeros que debemos saber esto debemos ser nosotros, no pueden ellos frente a una actitud de riesgo echar por la borda toda la confianza que sde ha construido y decir que se van a portar como si estuvieran en la ielgalidad y menos ellos, que tienen un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad por el proceso de paz”.
Dijo que siempre para el Gobierno es difícil de manejar a las personas que estando en los grupos armados ilegales, muestran intenciones de participar en un proceso de paz, porque tienen una cultura de ilegalidad y actúan de acuerdo a ello.
