Tutela para intervenir bares ilegales que opera en Bosa, Bogotá, fue negada

Los habitantes del sector de Betania en la localidad de Bosa en Bogotá deberán interponer una acción de desacato a una medida cautelar que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso por el funcionamiento de bares y establecimientos nocturnos ilegales en esa zona de la capital.

Así lo determinó el Consejo de Estado al negar una tutela que buscaba hacer cumplir esas órdenes emitidas por ese tribunal, en el marco de otro proceso por los mismos hechos.

Los residentes de ese sector de la ciudad dicen que con el incumplimiento de las ordenes del tribunal se les están vulnerando sus derechos al debido proceso, a la salud, a la integridad y al mínimo vital, por el aumento de la contaminación auditiva, el consumo creciente de alucinógenos y la inseguridad.

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Sin embargo, el Consejo de Estado indicó que una tutela para hacer cumplir esas ordenes judiciales no es el mecanismo idóneo, por lo que deben acudir a un desacato.

Esa Corte también advirtió que en el Tribunal aún cursa el proceso contra la Policía, la Alcaldía de Bosa y la Secretaría de Ambiente, por permitir el funcionamiento de esos establecimientos.

“La demanda no es subsidiaria, pues aún está en curso la acción popular en la que se estudia la supuesta vulneración a los derechos colectivos de los habitantes de la zona afectada”, explicó la Corte sobre la decisión.

La tutela que se negó también buscaba que la Alcaldía Local de Bosa, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Ambiente, informaran los resultados de los operativos para impedir el funcionamiento de los establecimientos de comercio, como lo ordenó ese tribunal.

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La medida cautelar que al parecer aún no se ha cumplido, ordena a esas autoridades intervenir en el sector con el fin de impedir la operación de este tipo de establecimientos, además de entregar informes en los que dieran cuenta de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la determinación judicial.

En ese proceso, el tribunal encontró que el funcionamiento de esos establecimientos amenazaba los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas.

El Consejo de Estado explicó que por ello se ordenó a las entidades hacer presencia en el lugar como medida cautelar, para "verificar el cumplimiento de las normas sobre uso del suelo y adelantar los procedimientos sancionatorios administrativos a los que hubiere lugar, por el desconocimiento de normas ambientales y la violación de la prohibición de actividades de bares y discotecas".