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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dado inicio a un proceso administrativo contra Uber, Didi y Cabify por posibles infracciones a las normativas de competencia justa y equitativa. Esta acción ha generado inquietud en diversos sectores.
“Las investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte, al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados”, dijo la SIC.
José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, el gremio que congrega a las principales aplicaciones de tecnología e innovación en Colombia, habló en La FM de RCN sobre esta decisión.
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López expresó su preocupación ante esta situación, enfatizando en la importancia de acatar las decisiones de las autoridades en un estado de derecho. Sin embargo, destacó que existe una preocupación considerable en torno a la interpretación de las normativas, especialmente a la luz de avances tecnológicos que han transformado diversos aspectos de la sociedad.
"Estamos en un estado de derecho, se acatarán las decisiones de las autoridades, pero sí debemos decir que nos preocupa bastante. Primero, en noviembre del año pasado la Corte Suprema, en un fallo, dijo que el uso de la tecnología es un derecho humano, por ende, se tiene una naturaleza jurídica a otras normas, las cuales se deben interpretar con el desfase que se tenía cuando no se tenían tantos avances tecnológicos", señaló López.
El director ejecutivo de Alianza In también destacó las implicaciones sociales y económicas que este proceso administrativo podría tener, especialmente para las familias que dependen de los ingresos generados como conductores de aplicaciones de movilidad. Además, subrayó la importancia de la libertad de elección en un contexto donde las soluciones de movilidad en las ciudades son limitadas.
"Se está haciendo caso omiso a la sentencia y está en juego las familias que generan ingresos siendo conductores de aplicaciones de movilidad, además, la libertad de elegir de movernos como querernos en ciudades que no ofrecen soluciones en la movilidad", agregó López.
En este sentido, el director ejecutivo hizo un llamado a todas las empresas involucradas a ejercer su derecho de defensa ante la SIC.
Asimismo, desde el gremio, se enfatizó en la necesidad de una reflexión pública sobre los riesgos que enfrentan las familias que dependen de estas plataformas, haciendo hincapié en que tanto taxistas como las aplicaciones de movilidad no son enemigos, sino parte de un mismo ecosistema.
"A cada empresa le corresponde ejercer su derecho de defensa ante la SIC. Desde el gremio debemos hacer una reflexión pública y el peligro que corren las familias. Esto no solo afecta a conductores de vehículo particular, sino también taxistas, ya que hay algunos que hacen parte de estas plataformas. Esto para decir que los taxistas y las plataformas no son enemigos", afirmó López.
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Finalmente, López destacó la importancia de una regulación adecuada para abordar los desafíos en materia de seguridad vial, subrayando que la solución no radica en la prohibición o persecución, sino en una regulación que garantice la seguridad de todos los actores involucrados.
"Desde el gremio no desconocemos que hay un riesgo en la seguridad vial, y la solución es la regulación, no la prohibición ni la persecución. De alguna manera, como sector, somos los más interesados en que se revise la reglamentación", concluyó.
